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El lobismo detrás de ley que ha dado vida a la minería informal
El poder de la minería informal. Tras numerosas reuniones en el Congreso y una desmedida insistencia, mineros informales consiguieron que se les permita seguir operando por tres años más, pese a los daños ambientales y sociales que implica esta decisión.
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Estuvieron detrás hasta que consiguieron lo que querían. El pasado 31 de enero se promulgó la Ley Nº 31388 que amplía la vigencia del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2024, dando así una nueva vida de tres años a mineras ilegales que durante décadas han producido daños al medio ambiente, y promovido explotación sexual y laboral en menores y corrupción.
La normativa fue aprobada por el Congreso y antes por la Comisión de Energía y Minas del mismo. El camino a su promulgación estuvo rodeado de una serie de visitas a los actores del proceso.
La mencionada comisión aprobó el proyecto de ley el 9 de diciembre, pero previamente, el 24 de noviembre, su presidente, Enrique Alva (Acción Popular), se reunió con mineros informales. Según el registro de visitas de Transparencia, el legislador recibió en su despacho a Máximo Franco, presidente de la Coordinadora Nacional de las Federaciones de pequeña minería y minería artesanal del Perú; a Adrián Vilca, presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, y titulares de federaciones mineras informales de otras regiones.
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Otro de los visitantes fue Edgar Monroy Curro, consejero regional por la provincia de San Antonio de Putina (Puno) y expresidente del Comité de Formalización Minera de Rinconada y Lunar de Oro. Estas dos cooperativas mineras informales de oro operan en centros poblados ubicados en cabeceras de cuenca conocidas como los principales focos de conflictos socioambientales en Puno.
Precisamente, tanto Puno como Madre de Dios son dos de los departamentos más afectados por la minería ilegal, con daños enormes al medio ambiente y fuentes de corrupción y explotación juvenil y sexual.
TODOS PARA UNO
Posteriormente, el proyecto de ley fue aprobado en el Pleno del Congreso el 16 de diciembre. Ese mismo día, Eduardo Salhuana (APP), uno de los congresistas impulsores de la propuesta, se reunió con mineros informales, entre ellos, Walter Celso Cajachagua, presidente de la Federación Peruana de Mineros Artesanales, Máximo Franco y representantes de otras federaciones locales que también habían visitado a Alva.
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Una vez aprobada la ley en el Congreso, el gremio minero informal continúo insistiendo por todos los medios hasta conseguir su objetivo. El 17 de diciembre, solo un día después de la votación, Cajachagua, Franco y compañía visitaron el Ministerio de Energía Minas, donde fueron recibidos por el por el coordinador de asuntos sociales en formalización minera, Óscar Bravo Mesía.
Luego, el 30 de diciembre, dos días antes que venciera el plazo para formalizarse, Máximo Franco y sus compañeros volvieron a visitar a Salhuana, con la intención de que este último exhorte (o presione) al presidente Pedro Castillo para que promulgue la ley. Al final, tras tanta insistencia y bloqueos en la provincia de Palpa (Ica), lo lograron.
En conversación con Perú21, Salhuana se refirió a estas citas. “Para mí no es extraño (reunirse con mineros informales) ni influye en mi decisión. La idea es que esta norma sea la última ampliación. Esa es la realidad, no hay soluciones mágicas (para la contaminación, explotación de menores y corrupción que se generará)”, destacó.
El parlamentario negó que existieran “intereses subalternos o particulares” de por medio.
Por su parte, Enrique Alva también confirmó las reuniones. “Todo ha sido por la vía oficial y he escuchado a todas las partes. No tuvimos más reuniones; solo una. Descarto cualquier tipo de presión u otra cosa. La minería siempre trae daños, lo que no podemos parar es el trabajo de miles que viven de eso”, manifestó.
“SON ILEGALES”
Para Rubén Vargas, exministro del Interior, “es un eufemismo llamar informales a las economías ilegales, como este tipo de minería”.
“A la minería ilegal y a sus representantes no les conviene formalizarse, en la informalidad está su negocio. Los intereses fácticos de esta economía ilegal se aprovechan de las debilidades del Estado. La minería informal tiene cada vez un mayor poder político que le permite generar estas prórrogas”, dijo a Perú21.
TENGA EN CUENTA:
-La minería ilegal deforestó más de 200 hectáreas desde 2017 en zonas aledañas al río Pariamanu, Madre de Dios, según un reporte de del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) publicado en mayo de 2021.
-En el Perú hay entre 400 mil a 500 mil mineros informales y la gran parte se encuentra en Madre de Dios, según informó la SNMPE.
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