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Ministro Carlos Lozada: ‘El presidente Martín Vizcarra y el premier sabían de la investigación’
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El Ministerio Público ha formalizado una investigación que compromete al ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada. El problema gira en torno a unos cuestionamientos sobre el contrato que firmó cuando era director ejecutivo de Provías por la millonaria ejecución de una carretera en Puno. Perú21 conversó con Lozada sobre los puntos más álgidos de la denuncia fiscal.
¿El presidente y el premier estaban enterados de que usted estaba implicado en una investigación fiscal?
Primero quiero aclarar que acá no existe ningún acto de corrupción; segundo, que durante mis años de ejercicio profesional he mantenido siempre una conducta de respeto a las normas y este caso, en especial, no es la excepción. Durante todo el tiempo que he trabajado en el MTC no he tenido ningún proceso ni una sentencia. En cuanto a tu pregunta, este es un tema que viene años atrás; inclusive, yo ofrecí una entrevista televisiva en donde aclaré, y esto es de conocimiento público.
¿O sea, el presidente Martín Vizcarra y el premier Vicente Zeballos sí sabían?
Claro. Este es un proyecto (la construcción de la carretera Checa-Mazocruz en Puno) importante para el país. Hubo un cuestionamiento al procedimiento de firma del contrato, lo cual ameritó que yo dé una entrevista televisiva. Además, la empresa postora que ha iniciado estos reclamos publicó sus observaciones en varios medios de difusión nacional; por lo tanto, este es un tema de conocimiento público.
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El premier ayer dijo que le iban a pedir explicaciones. ¿Usted ya se las ha dado?
Sí, he conversado con el premier, le hemos alcanzado la documentación. Aquí lo que tenemos es lo siguiente: hay una empresa postora que se presentó al proceso de la licitación (de la carretera Checa-Mazocruz) y no obtuvo la buena pro. Lo que esa empresa está cuestionando son dos temas. Estamos hablando de que no se presentó el RUC y no se registró el número de cuenta interbancario nacional. La empresa San José, que es la empresa ganadora, presentó ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud del Registro Nacional de Proveedores (RNP) para poder ser participante, postor y contratista, pero con la figura de empresa no domiciliada, porque era española. El OSCE, donde debía consignarle su RUC, le puso su código de proveedor extranjero. Siendo una empresa extranjera, no es un requisito necesario tener un RUC nacional. Con eso, la empresa está habilitada para presentarse a las obras públicas del Estado.
¿El código de cuenta interbancario no era inválido?
Vayamos a lo que dice el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En su artículo 139 estipula solo que se debe presentar un número de cuenta interbancario, no dice que sea nacional y San José presentó su código de cuenta interbancario de España. La documentación para la firma de un contrato pasa por varias aéreas y filtros antes de llegar a la dirección ejecutiva. Una vez que me llega el expediente, hago una revisión viendo que consta con todos los requisitos y suscribo el contrato. Así fue lo actuado.
¿Descarta que haya algún acto de corrupción en el proceso?
Tengo 25 años de ejercicio profesional, he ocupado distintos cargos directivos en el MTC y nunca he tenido ningún proceso ni sentencia. Cuando he ocupado el cargo de director ejecutivo de Provías Nacional, en 2018, emprendimos una lucha frontal contra la corrupción, siguiendo los lineamientos del presidente. Cambiamos a todos los miembros de los comités de selección. A todos. Creamos salas especializadas de licitaciones con cámaras de video, entraban sin celular, todo para que no se filtre la información, porque antes se filtraba. También dejamos de permitir que se adjudiquen obras por encima del 100% de las bases, porque justamente el esquema de gestión del Club de la Construcción era conseguir obras al 109%. Durante los casi dos años que yo estuve en la dirección de Provías hemos tomado acciones administrativas y penales contra funcionarios inmersos en actos de corrupción.
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En su declaración jurada de intereses, de febrero de 2020, no incluyó la investigación preliminar que tenía. ¿No le pareció relevante mencionarla?
La declaración de intereses es para saber si estás participando en un organismo del Estado o en una empresa privada. En el caso especial del postor, que ha cuestionado la suscripción del contrato y que lo ha elevado al Ministerio Público, generó que yo sea citado por la Fiscalía en una oportunidad. Hasta la fecha, yo no he sido notificado de la formalización de la denuncia, ni tengo los alcances de la resolución de la Fiscalía. Me he enterado por los medios de comunicación.
En cuanto a la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, ¿se están cumpliendo los plazos?
Sí, hemos logrado solucionar el tema de los terrenos, eso gatilla una inversión de más de US$1,500 millones entre la construcción de la segunda pista y del terminal, más US$600 millones de la ciudad aeropuerto, que es un área logística. La primera fase de movimiento de tierras empezó desde fines de 2019; luego, se espera que a finales del segundo trimestre se tenga al contratista y en el tercer trimestre empieza la construcción de la segunda pista de aterrizaje y de la torre de control.
¿Usted cuenta con el respaldo del primer ministro y del presidente?
Yo sigo trabajando, yo no me aferro al cargo. Seguimos trabajando día a día.
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