Ministro Fernando Castañeda: “Alberto Fujimori no tiene factor de riesgo”

No. Es un decreto legislativo que establece que ya no se requiere una audiencia, tampoco un conjunto de documentos del INPE, sino que el juez solo debe verificar si el interno pagó o no. Es un mecanismo de optimización de un decreto que ya existía y que busca que una población de aproximadamente 2,700 internos puedan acogerse a este beneficio.

Ahora estamos en plena evaluación, pero, como comprenderá, el sistema penitenciario está soportando todo el tema de seguridad y salud en sus 68 penales. Hemos solicitado información para tener mejores elementos, principalmente para grupos vulnerables porque, en el caso de delitos graves, no podemos poner en riesgo la seguridad de la población.

Hay un grupo de condenados por delitos graves, robos agravados, violaciones, tráfico de personas, homicidio. Estos suman aproximadamente 45,000 internos. A ellos no hay forma de liberarlos porque incluso los organismos internacionales recomiendan que no se excarcelen. Lo que sí se ha recomendado es con aquellos delitos que sean menos lesivos. Por eso es que se ha optado por los delitos de omisión de asistencia familiar. Los otros grupos (que se evalúan) están relacionados con madres gestantes, internas con hijos o con los enfermos.

Hay un grupo de enfermos pero detrás de ellos hay que evaluar cuáles son los delitos que han cometido. Esa es una información que se está cruzando y para eso se ha pedido información al INPE.

Él está solo (internado), no tiene ningún factor de riesgo. No está dentro de las evaluaciones porque la evaluación se hace en función de los riesgos de hacinamiento y el señor está en una cárcel de forma individual.

No, los sentenciados por terrorismo cometieron delitos graves, y los delitos graves no proceden porque por medio está la seguridad pública.

Por ahora forma parte de la evaluación porque estamos haciendo varias cosas a la vez, porque son 68 penales y hay que apoyar al sistema penitenciario en muchos de esos centros.

Primero, quiero hacer un llamado a la calma porque hay mucho nerviosismo en los penales y obviamente afuera también por la pandemia. Respecto al penal de Ancón I se había manifestado que se iba a hacer un traslado al penal de Sarita Colonia y eso es falso. Por eso no hay que generar alarma porque los penales son muy susceptibles a esa información.

Claro, pero el INPE ha dispuesto un conjunto de medidas. Incluso, el INPE entró en emergencia antes de la emergencia sanitaria, es decir, ya se había generado todo un plan anticoronavirus. Además, se había dispuesto que no podían recibir visitas ni de familiares ni de abogados, solo los agentes de seguridad tenían acceso. Otra medida que se tomó era que ningún interno nuevo ingresaba de frente a pabellones, sino que ingresaba a una zona aislada para ser observado médicamente. Por eso es que tenemos 68 penales y, aunque hay casos de contagios, no estamos hablando de que en todos está el virus. Para eso se tomaron las medidas de prevención.

Es el nerviosismo. El domingo estuvimos con todos los sindicatos del INPE y el propio médico del penal del Lurigancho explicaba la importancia de que los trabajadores guarden la calma porque algunos trabajadores pensaban que debían tener los mismos implementos de seguridad que los médicos, y se les explicó que era innecesario eso.

El lunes llegó un nuevo lote de compras de protección donde hay 50 mil mascarillas y se están distribuyendo en los 68 penales reforzando las mascarillas anteriores.

- El ministro Fernando Castañeda informó que ha enviado un oficio al presidente del Poder Judicial para que se evalúen los mecanismos que se aplicarían a los 35,000 internos con proceso.

- “El oficio que se ha enviado al Poder Judicial es sugiriéndole que, en el marco de su competencia, los jueces evalúen, si lo consideran, aplicar un conjunto de mecanismos procesales relacionados con procesados en prisión”, dijo el ministro.

- “Por ejemplo, variación de la prisión preventiva, beneficios penitenciarios... hay un conjunto de mecanismos”, añadió.