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Néstor Popolizio: "Los abogados no participan del proceso de extradición de Alejandro Toledo"

Canciller adujo que ministro de Justicia "está actuando de manera preventiva" al anunciar que se contrará estudio de abogados.

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Fecha Actualización
El canciller Néstor Popolizio aclaró hoy que ningún abogado contratado puede participar del proceso de extradición del ex presidente Alejandro Toledo que está en curso en Estados Unidos, quien se encuentra prófugo en ese país desde 2017.
El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, había dicho en una entrevista al diario Correo que el gobierno está evaluando la contratación de un estudio de abogados "con la finalidad de acelerar el proceso" de repatriación del ex mandatario.
Precisamente, Popolizio apuntó que solo un fiscal estadounidense puede representar al Estado peruano cuando la solicitud de extradición sea formalmente presentada ante un juez federal de California, Estado en el que vive Toledo.
"Esta es una etapa de análisis, de evaluación, donde no se requiere la participación de los abogados de ninguna de las partes porque la vinculación del Departamento de Justicia, si requiere alguna información adicional, es con la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público del Perú que es la autoridad central para los casos de extradición", declaró a la prensa desde la sede de la Cancillería.
Indicó que la contratación de un abogado serviría solo para "la asesoría legal que corresponda" y que, con su anuncio, el ministro Zeballos "está actuando de manera preventiva". Pero insistió en que en un eventual juicio "el que defiende los intereses peruanos es el fiscal de Estados Unidos".
"Los abogados no participan del proceso de extradición, pero hay que recordar que los procesos son largos", sostuvo.
El estudio de abogados que el Ejecutivo contrataría es Foley Hoag, el befete que en 2017 elaboró un informé en el que se detallaban los pasos que las autoridades peruanas debían seguir para el trámite de extradición del prófugo de Alejandro Toledo.
Toledo, como se sabe, es acusado por la Fiscalía de recibir US$20 millones en sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Según el ex directivo de esa empresa en Perú, Jorge Barata, se le desembolsó esa millonaria coima a cambio de que la constructora se adjudique la carretera Interoceánica Sur.