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Marchas y contramarchas en incautación de casa de los Humala-Heredia
El juez Richard Concepción había otorgado un plazo de 30 días a la ex pareja presidencial para que trasladen a sus hijos de su casa de Surco. No obstante, horas después dejó sin efecto esa decisión al haberse concretado antes la toma de la vivienda.
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Ayer, pasadas las 8:00 a.m., la defensa del ex mandatario Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia recibió la respuesta del juez Richard Concepción Carhuancho a su pedido de suspender la incautación de su vivienda: en cuestión de horas, el magistrado accedió a su solicitud y le concedió a la ex pareja presidencial un plazo de 30 días para trasladar a sus hijos de la casa de Surco. La Fiscalía fue notificada al mismo tiempo.
En su resolución, que fue emitida el lunes –el mismo día en que se intervinieron los bienes–, Concepción dispone que la ejecución de la incautación que él mismo ordenó, el pasado 27 de abril, se suspenda únicamente para la referida vivienda. La decisión no afectaba a los otros cuatro inmuebles, las cinco camionetas y las 14 cuentas bancarias incautadas, que ya están en manos del Estado, a través del Pronabi.
No obstante, por la tarde de ayer, el magistrado emitió otra resolución dejando sin efecto la suspensión. ¿Qué sucedió? La notificación sobre esta decisión llegó a las partes cuando ya se había concretado la incautación de la propiedad.
El fiscal Germán Juárez comunicó de esto al juez Concepción. Humala y Heredia habían abandonado su vivienda en Surco con sus cosas a la 1:50 a.m. de ayer. Tras ello, el inmueble había quedado en poder del Pronabi.
“Habiéndose ejecutado la medida de incautación con desposesión (...) carece de objeto la suspensión de la misma dispuesta mediante resolución del 7 de mayo. En consecuencia, prosígase con el trámite que corresponda conforme al estado actual”, se lee en el documento.
De esta manera, la ex pareja presidencial ya no puede disponer de su vivienda. Precisamente, ayer se vio a la ex primera dama trasladar sus enseres al segundo piso de una vivienda ubicada a dos cuadras de su casa, en la misma calle Fernando Castrat. Por la noche, culminó con la mudanza.
Tras conocer esto, ya en la noche, el ex jefe de Estado manifestó que la justicia está “cometiendo un abuso” contra él y su familia.
“Hace solo unos días hemos dejado una detención arbitraria y la respuesta del juez ha sido esta incautación. Esto ha generado una afectación a mis hijos”, declaró desde las inmediaciones de la casa en la que ahora vive, que, según dijo, le pertenece a su cuñado.
“En un solo día, el juez tomó decisiones opuestas. Tomamos esto con preocupación e indignación”, añadió.
César Nakazaki, miembro también del equipo legal de los Humala-Heredia, manifestó a la prensa que ya se interpuso una apelación y que con esta esperan que la Sala Penal de Apelaciones revierta la decisión de primera instancia y se devuelvan los bienes intervenidos a sus defendidos.
La solicitud de suspensión presentada por Humala fue resuelta luego de que, desde diferentes instancias, cuestionaran al titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional.
Políticos, penalistas y autoridades habían criticado tanto al fiscal Germán Juárez, por requerir la incautación, como al juez Concepción Carhuancho, por dictar una medida “desproporcionada”.
LE DAN CON PALO
Si se había cuestionado al juez Concepción por la severidad de su orden, más críticas le cayeron ayer por dar marcha atrás en su ejecución.
El propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, expresó su preocupación por la nueva postura adoptada por el magistrado.
“No me parece bien eso de marchas y contramarchas, de que cuando se ejecute, se cambie la decisión, eso no lo entiendo muy bien”, manifestó en ATV Noticias.
Rodríguez consideró que no resulta coherente para el sistema de justicia “y menos le hace un bien al Poder Judicial” que “se tome una decisión bastante dura y, en cuestión de horas, se dé marcha atrás”.
Para el ex procurador anticorrupción César Azabache, la suspensión de incautación no resolvía “el problema de fondo”. “La única manera de resolver esto es que la Fiscalía dé un paso atrás, reconozca un error en la petición de la medida y entremos de una vez a la discusión que hay que entrar, que es la presentación de la acusación”, declaró a RPP.
A su turno, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, calificó de “exceso” la incautación e indicó que “a nadie pueden obligar a poner a sus hijos en la calle sin siquiera tener una denuncia formalizada ni una sentencia”.
Fuentes cercanas al despacho del fiscal Juárez indicaron a este diario que siguen “firmes” en su postura y no retrocederán en las medidas que requirieron.
“Esta no es venganza, es una medida legal; pueden decir que es extrema, pero no vamos a dejar que se use un inmueble con dinero sucio”, argumentaron.
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RECUSACIÓN CONGELA A MAGISTRADO
El juez Richard Concepción Carhuancho suspendió ayer la audiencia en la que debía evaluar el recurso de tutela de derecho interpuesto por el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia al argumentar que existe una recusación contra él que aún debe resolverse en segunda instancia.
Luego de que el Tribunal Constitucional emitiera, el 26 de abril, la orden para excarcelar a la ex pareja presidencial, la defensa del matrimonio recusó al magistrado Concepción –que había dictado la prisión preventiva– al poner en duda su imparcialidad. No obstante, el juez rechazó el recurso. Esa decisión fue apelada por el abogado de Humala y ahora es la Segunda Sala de Apelaciones la que debe pronunciarse.
La audiencia fue convocada a raíz de un pedido de César Nakazaki, abogado de Humala y Heredia, para que el fiscal Germán Juárez incorpore más pruebas que permitan aclarar –según la postura del letrado– cómo la empresa Odebrecht entregó los aportes de campaña a candidatos presidenciales en Perú.
De acuerdo con Nakazaki, existen contradicciones entre lo dicho por los ex directivos de la firma brasileña, Jorge Barata y Fernando Migliaccio. A su juicio, mientras Barata indicó que se le entregó en maletas el dinero destinado al humalismo, Migliaccio sostuvo que la División de Operaciones Estructuradas de la firma hizo transferencias de dinero.
TENGA EN CUENTA
La Conferencia Episcopal también se pronunció y señaló que la incautación de bienes de los Humala y Heredia “ha tenido una faceta de exceso y desproporcionalidad”.
Ex ministros del gobierno humalista expresaron su rechazo a la incautación y sostuvieron que “no es proporcional”, ya que la casa tenía una medida de embargo.
La Fiscalía presentará su acusación cuando sean resueltos los recursos en el PJ.
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