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[OPINIÓN] Álvaro Henzler: “Perú, ¿país de corruptos?”
“La corrupción irrumpe nuestra cotidianidad, nuestras dinámicas privadas y nuestro sistema democrático”.
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El Perú ha registrado su peor caída en el principal instrumento de medición global de la corrupción. Ha retrocedido 20 posiciones, ubicándose en el lugar 121 de 180 países, “compitiendo” con países africanos como Nigeria o Angola. En las Américas, Perú se ubica en el tercio inferior, por debajo de Ecuador. En comparación a países de la OCDE, estamos penúltimos, superando solamente a México. Las fuentes que alimentan el Índice de Percepciones de Corrupción 2023 cubren un periodo de dos años, por tanto, los destapes de corrupción y conductas no éticas de los gobiernos de Castillo y Boluarte y del actual Congreso.
Ipsos hace unos meses publicó el estudio “¿Qué le preocupa al mundo”. La corrupción política es la quinta mayor preocupación mundial y el Perú figura como segundo con mayor preocupación, solo por debajo de Indonesia. En su histórica pregunta “cuáles son los tres principales problemas del país?”, la corrupción se ha ubicado siempre el primero o segundo en la última década.
Una crisis tan persistente con una caída similar en indicadores de crecimiento económico o competitividad, ameritaría titulares de periódicos, estaría en permanente discusión en el debate público, causando una creciente indignación nacional. Sin embargo, parece que ya nos acostumbramos y convivimos con ella. Señalamos con dedo acusador a las autoridades de turno, sobre todo a nuestros rivales políticos, aunque es justo señalar que es un problema histórico, además de sistémico y cultural. La corrupción irrumpe nuestra cotidianidad, nuestras dinámicas privadas y nuestro sistema democrático. Bien lo señala Carmen McEvoy, presidenta de Proética: “Esta apuesta viene amenazada por muchos frentes, desde las coimas de siempre, grandes y pequeñas, hasta la irrupción de organizaciones criminales que capturan territorios, rutas de tráfico de mercancías ilícitas y agentes del Estado”.
Podemos revertir esta situación, al menos de a pocos. El Congreso debería aprobar la reforma constitucional que establece impedimentos para que quienes hubieran sido condenados por delitos graves no pudieran postular a cargo público tras cumplir su condena. Hay un proyecto en cuarto intermedio. Debería evitar retrocesos en instrumentos anticorrupción: colaboración eficaz, y blindajes a congresistas cuestionados éticamente. La sociedad civil tiene además una tarea titánica que requiere de nuevas fuerzas y estrategias. Consejo Privado Anticorrupción, Empresarios por la Integridad, Vigilancia Ciudadana, Proética y otros deberían unir esfuerzos y tener un ambicioso plan de rescate del país de los bandidos que saquean la patria. En este punto, no debería dividirnos la ideología, sino unirnos la ética.
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