[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: Ilusiones base 6

Con más información, Carlos Basombrío ha aclarado que son al menos 72 y no sólo 66 los congresistas que están en la agenda de la fiscalía por alguna razón. Como reseñé la semana pasada, Basombrío plantea que el eje articulador de decisiones de toma y daca es una componenda oportunista para la impunidad, y faltan muchas decisiones fundamentales. Ya desde hace tiempo, Martín Hidalgo había hecho notar que 91 de nuestros actuales congresistas habían más que duplicado su sueldo anual al ser elegidos, en adición a cualquier otro beneficio del cargo. Que un legislador recorte el sueldo de sus trabajadores es un escándalo, que sea de un bloque que se proclama de izquierda es no tener sangre en la cara. Eternamente inmunes los llama Fernando Vivas, señalando que bastaría que la Fiscalía haga valer sus fueros: ¡hasta la acusación por violación al congresista Freddy Díaz va a pasar primero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales! ¡Porque ocurrió en el Congreso, pero es un delito común, no de función parlamentaria! Y no es el único caso inaceptable. Desde el Congreso, lamentablemente, lo esperable es más populismo, oportunismo y escándalos, que como ya se ve pueden llegar hasta la náusea. ¿Cómo va a lograr ese Congreso 87 votos para reformas constitucionales o nombramientos relevantes?

El Ejecutivo, a pesar de algunos buenos ministros, peca por obra y omisión. El nombramiento en la presidencia de IRTP de quien ejercía la dirección de comunicación estratégica de Palacio de Gobierno es un error de criterio, incluso independientemente de la persona. Genera desconfianza interna y externa. Si al Gobierno le preocupaba la imagen exterior, acaba de regalarle a sus enemigos un arma no menor. Y en el caso del dengue, el simple hecho de haber dado información desactualizada en Piura es un error mayúsculo.

El horizonte hasta 2026 pinta bien complicado. Los gobernadores regionales recién se asientan, y ya la suspendida vicegobernadora de Ica está pidiendo garantías por amenazas de sicarios. Y la inseguridad ciudadana crece, los precios no bajan, la chamba escasea porque no hay inversión privada suficiente ni crecimiento. ¿Cómo percibe todo este bolondrón político el ciudadano de a pie? El “todo está podrido” es lo que gira alrededor desde la política. Y, aprovechando la brutalidad de la violencia que se ve y la popularidad facilista de la pena de muerte, se ha vuelto a proponer el retiro de la CIDH.

La verdad es que, si el Perú tiene que firmar acuerdos Gobierno a Gobierno para organizar juegos Panamericanos y construir infraestructura, es porque no hay confianza suficiente en las instituciones nacionales, y lo supranacional termina siendo una garantía relevante. No son garantías perfectas, que no cometen errores o puedan tener sesgos, pero son mejores garantías de las que se puede tener internamente, hasta que nos tomemos en serio la tarea de construir un sistema judicial, una policía, un Congreso, una Contraloría, etcétera, y todo lo que conforma un Estado que no dependa del Gobierno. Como se planteaba respecto al IRTP en un proyecto de ley hoy encajonado. Y como tantas otras reformas, que difícilmente serán discutidas en un ambiente de credibilidad, mientras el acusado por violación sigue en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Es por eso que lo único que veo que podría generar un espacio diferente es que la sociedad civil presione por hacer valer el Acuerdo Nacional, con ayuda de cooperación internacional, y que la presidenta Boluarte cumpla su promesa de que debe trabajarse en este lapso el conjunto de reformas que son necesarios para aspirar a un mejor Estado, que sí pueda brindar mejores servicios al ciudadano, que hoy se siente asqueado.