Partidos políticos siguen derrochando dinero del financiamiento público

En una conferencia de prensa ofrecida por la ONG Vigilancia Ciudadana, se observaron indicadores que dan cuenta de las malas prácticas de agrupaciones políticas como Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, entre otras, en el periodo comprendido de enero a junio del 2023.

Falta de legibilidad en los documentos oficiales entregados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), nula difusión de sus costosas actividades de investigación, cuantiosos pagos a personas investigadas judicialmente y dotación de dinero a empresas bajo un rubro para el cual no trabajan, son algunas de las irregularidades halladas.

Por ejemplo, Perú Libre, partido político del prófugo Vladimir Cerrón, contrató a la Constructora MG Perú S.A.C. para realizar un servicio de remodelación de un baño en el segundo piso de su local, en marzo del 2023. El monto destinado a esta empresa, y que fue pagado con dinero de todos los peruanos, asciende a más de 32 mil soles.

Vigilancia Ciudadana se contactó particularmente con MG Perú para que ejecute el mismo trabajo de manera particular. Recibieron de respuesta que ello tiene un costo máximo de 3 mil dólares, es decir poco más de 11 mil soles.

Eso no es todo. Entre marzo y junio contrataron a la empresa Llikatel E.I.R.L. para que realice remodelaciones o construcciones también en el local partidario. Por ello, abonaron más de 27 mil soles, también del dinero recibido por el Estado. ¿Cuál es la irregularidad? Que en los rubros de actividad de esta empresa en Sunat, no se dedica a remodelar sino a vender computadoras. Posteriormente al servicio de contratación cambiaron el rubro para incluir construcciones. Llikatel también obtuvo más de 45 mil soles de Perú Libre en el 2022 por el mismo concepto de remodelación.

Por si fuera poco, el condenado Vladimir Cerrón recibió más de 67 mil soles del dinero estatal solo entre enero y junio de 2023. Según la directora de Vigilancia Ciudadana, Margarita Díaz, este dinero lo habría recibido en efectivo, ya que Cerrón tiene bloqueadas sus cuentas bancarias.

Además, Jhor Quispe Gamarra, extrabajador del Gobierno de Junín, con antecedentes penales por colusión y procesos penales por falsificación, recibió 34 mil soles en ese mismo periodo. En tanto, José Llumpo Agapito, quien presentó un hábeas corpus en favor de Cerrón, recibió 33 mil soles por asesorías. Todo del dinero público que recibe Perú Libre.

El partido naranja no se salva. En el caso de Fuerza Popular, entre enero y junio del 2023 abonó casi 24 mil soles a Adriana Bertilda Tarazona Martínez como Asistente de recursos humanos de la agrupación. Ella viene siendo investigada por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, por el manejo económico en el fujimorismo. En 2022, por el mismo concepto, recibió casi 57 mil soles.

Por su parte, Carmela Paucará Paxi, Coordinadora Nacional de las actividades de Fuerza Popular, investigada por el delito de lavado de activos en el caso “Cócteles”, obtuvo 35 mil soles. Entre 2021 y 2022, también consiguió un pago total de más de 106 mil soles. El gasto también salió del financiamiento público recibo de parte del Estado.

Asimismo, el partido Renovación Popular, que preside el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también presenta serias dudas en los reportes ofrecidos a la ONPE. Una de ellas es el alquiler de un local partidario por más de 168 mil soles a la Promotora de Desarrollo Educación Cultural (Prodec), que tenía como presidente justamente a López Aliaga al menos hasta febrero de 2023, según un reportaje de Punto Final.

También se le pagó a José Antonio Malpartida Abadía, exproductor del programa “Sábado con Andrés” de Andrés Hurtado 89 mil soles por “gastos ordinarios” y 76 mil soles por “gastos de capacitación”. No se describen exactamente qué actividades realizó.

Partidos políticos como Alianza Para el Progreso (APP) o Avanza País han presentado documentos a ONPE ilegibles y no han difundido las investigaciones que han realizado con el dinero público del financiamiento directo. Según el reporte de Vigilancia Ciudadana, solo lo hizo el Partido Morado. En tanto, Somos Perú presenta recurrencia en contrataciones. La empresa Central Mediática S.A.C. recibió casi 1 millón de soles en el 2022 por “actividades de formación”. En la primera mitad del 2023 obtuvo casi 300 mil soles por formación y capacitación.

La directora de Vigilancia Ciudadana, Margarita Díaz, cuestionó que no haya un mecanismo legal para que la ONPE determine si las investigaciones realizadas por los partidos políticos con dinero del Estado son originales. También cuestionó que no haya un tope para las contrataciones ni para las recurrencias en el pago a las mismas empresas.

Indicó que debería haber un acompañamiento permanente de ONPE y abrir procesos sancionadores cuando corresponda. “Las exhortaciones son insuficientes. Todos estos hallazgos se han repetido pero no hay castigo. Hay mucho por mejorar, a quien le toca supervisar se la tiene que jugar. Esta es una oportunidad de oro para las organizaciones políticas para que demuestren que pueden ser instituciones serias”, manifestó en conferencia.