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CIDH insta al Estado peruano a delimitar las figuras de la vacancia presidencial y la disolución del Congreso
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que durante el viaje de sus representante al Perú observó riesgos a la institucionalidad democrática, por lo que llamó instituciones a ejercer su mandato con apego a la legalidad y el debido proceso.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que durante el viaje de sus representantes al Perú observó riesgos a la institucionalidad democrática, por lo que llamó a las instituciones a ejercer su mandato con apego a la legalidad y el debido proceso.
Mediante un comunicado, el órgano que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó al Estado peruano a reglamentar las figuras de la denuncia constitucional, la vacancia presidencial y la disolución del Congreso con el propósito de asegurar objetividad e imparcialidad, así como garantizar la separación y equilibrio de poderes.
“La Comisión Interamericana observa que, en los últimos años, el Perú ha atravesado por varias crisis políticas por diversos factores. Uno de estos es el uso reiterado de tres figuras constitucionales que tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibrio de poderes, y de paralizar la gobernabilidad del país, debido a su falta de definición objetiva”, manifestó la CIDH en el pronunciamiento.
La entidad agregó que la visita de sus representantes a nuestro país coincidió con el allanamiento a la casa de la hermana del presidente Pedro Castillo, la presentación de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el jefe de Estado y la declaración de la vicepresidenta Dina Boluarte, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
“Se observa que estas irrupciones se generan en un contexto de alta conflictividad entre poderes públicos que ha dificultado la gobernabilidad del país, ha conducido a un desgaste de la agenda legislativa y ha despertado cuestionamientos sobre la independencia de la justicia”, sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Aunado a ello, las constantes acusaciones de corrupción y fraude entre autoridades han debilitado la confianza en las instituciones públicas”, agregó.
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