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Contraloría alerta vínculo entre subsecretario de Pedro Castillo y proveedora de Palacio de Gobierno
La Contraloría General revisó las declaraciones juradas del subsecretario presidencial Beder Camacho Gadea y encontró un conflicto de intereses potencial al descubrir que su socia Milagros Paz Canelo y el esposo de ella tienen antecedentes de haber contratado con Palacio de Gobierno.
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La Contraloría General revisó las declaraciones juradas del subsecretario presidencial Beder Camacho Gadea y encontró un conflicto de intereses potencial al descubrir que su socia Milagros Paz Canelo y el esposo de ella tienen antecedentes de haber contratado con Palacio de Gobierno.
Beder Camacho, sindicado de integrar el ‘gabinete en la sombra’ del presidente Pedro Castillo, empezó sus funciones en la Casa de Pizarro en 2014 siendo jefe de trámite documentario, durante la gestión de Ollanta Humala. Pero recién logró un alto puesto con la llegada de Castillo al poder, al asumir como subsecretario general de Palacio.
Según su última Declaración Jurada de Intereses (DJI), desde 2015 posee el 50% de acciones en Milabed S.A.C. Dicha firma tiene como gerente general a la ingeniera industrial Milagros Paz Canelo.
Precisamente, Paz Canelo figura como proveedora en el Despacho Presidencial a través de otra compañía llamada Asia Group EIRL. Además, el esposo de ella, Roberto Bravo Vigo, ha brindado servicios a la misma área mediante la sociedad Mega Medical S.A.C. Los años de las contrataciones fueron 2019 y 2020.
La Contraloría ha alertado la vinculación empresarial entre Milagros Paz y el actual subsecretario presidencial, quien tiene bajo su competencia el sistema administrativo de abastecimiento.
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“Se advierte que se configura un conflicto de intereses potencial (...) que amerita la adopción de acciones inmediatas”, concluye el reporte de la Contraloría que fue enviado el 13 de mayo al secretario general de Palacio de Gobierno, Jorge Alva Coronado.
El órgano de control ha dado un plazo máximo de 15 días hábiles, que se cumple el 28 de mayo, para que Alva informe a la Subgerencia de Fiscalización las acciones tomadas.
Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, resaltó la importancia de advertir casos de conflictos de intereses potenciales que podrían significar una conducta irregular del funcionario.
“Existiendo una advertencia, si la Secretaría no hace nada y se consuma la acción advertida, sería un delito de omisión de deberes”, dijo a Perú21.
Para Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, el reporte de la Contraloría busca evitar la intervención de Beder Camacho en algún proceso que esté ligado a sus vínculos contractuales.
“(Se) deben identificar las situaciones que podrían generarse, y apartar al funcionario de esos procesos”, aseveró a este diario. Asimismo, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, remarcó que el Despacho Presidencial, como entidad, requiere ajustarse a estándares de integridad muy altos.
“Los funcionarios que están involucrados en investigaciones fiscales, en cualquier otra circunstancia, lo lógico sería que, al menos, sean separados preventivamente. Su permanencia opaca la imagen del Despacho y del presidente, evidentemente”, manifestó.
En diálogo con Perú21, el secretario presidencial Jorge Alva aseguró desconocer el reporte de la Contraloría.
“He estado delicado de salud. He pedido permiso y no tengo conocimiento”, alegó. Adicionalmente, señaló que recién el lunes se incorporó a sus funciones y se pondrá al corriente de lo sucedido. “Respecto al señor Camacho u otro funcionario se procederá conforme a las normas”, aseveró.
Error de tipeo
Beder Camacho, en tanto, dio sus explicaciones a este diario. Cuestionó que la Contraloría haya emitido un reporte sin antes pedir su descargo.
“Se ha vulnerado mi derecho a la defensa. La Contraloría debió oficiarme para realizar mis descargos correspondientes, pero no ha sucedido”, dijo.
El funcionario expresó que desde la OCI del Despacho Presidencial ya le comunicaron que próximamente le harán llegar un documento.
Sobre su relación empresarial con Milagros Paz Canelo, el asesor apuntó que desde 2021 ya no cuenta con acciones en Milabed S.A.C. y que fue un “error de tipeo” la colocación de la sociedad en su última Declaración Jurada de Intereses. “Hubo un error a la hora del tipeo”, se excusó.
“Yo no era un funcionario que tomaba decisiones durante los años en que los esposos Milagros Paz y Roberto Bravo contrataron con el Despacho Presidencial. Ahora, en 2021 dejé de ser accionista de la empresa”, argumentó.
Camacho tiene mucho que contar a la Fiscalía respecto a su verdadero rol en Palacio de Gobierno. El último sábado –un día antes de la juramentación de 4 nuevos ministros– recibió en su oficina, por casi dos horas, a Richard Rojas García, operador de Vladimir Cerrón.
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