Rubén Vargas sobre las consecuencias de la remoción de Harvey Colchado: “Iba a ser una situación al límite”

Debemos de entender que no estamos frente a un acto de administración fallido, esta no es una decisión que se toma cotidianamente en un ministerio.

Estamos ante una decisión política del gobierno de Pedro Castillo y operativizada por el Ministerio del Interior cuyo objetivo central fue desmembrar el equipo que dirige el coronel Harvey Colchado. No hay forma de que se realice un trabajo de esta magnitud sin tener presupuesto y logística. Principalmente sin un equipo de pesquisa especializado en crimen organizado. La obstrucción a la justicia no sólo se hace fustigando y amenazando a los integrantes de este equipo especial policial sino con la falta de presupuesto.

Detrás de Colchado hay un grupo de policías especializados, Colchado es la cara visible. Entonces, el gobierno sabe muy bien lo que estaba haciendo. Y, lo que está haciendo es hostigar y tratar de retirar a Colchado de las investigaciones en apoyo al Ministerio Público.

No creo que haya sido un experimento o un globo de ensayo. Creo que ellos (Pedro Castillo y Willy Huerta) tomaron esta decisión política sabiendo las consecuencias que vendrían. Sin embargo, probablemente haya escapado de sus cálculos el escenario judicial que se estaba configurando con esta decisión. Me refiero a las declaraciones de la fiscal Marita Barreto a cargo de estas investigaciones, donde ha señalado con bastante claridad que la Fiscalía de la Nación iba a recurrir al Poder Judicial para solicitar los apremios que corresponden y garantizar las investigaciones. Eso significaba que el presidente Castillo iba a ser objeto de algún proceso y no quisieron correr el riesgo. Iba a ser una situación bastante crítica y al límite.

De acuerdo a lo que han anunciado los abogados del coronel Colchado, entiendo que en los próximos días van a interponer acciones constitucionales o una acción de amparo, porque el gobierno de Pedro Castillo está vulnerando sus derechos constitucionales. El Poder Judicial y en última instancia el Tribunal Constitucional deberían pronunciarse para poner un límite a este abuso de poder.