Pedro Chávarry: el sinuoso camino desde la Fiscalía de la Nación hasta su suspensión

El exfiscal de la Nación, que durante una audiencia llevada a cabo la semana pasada insistió ante la JNJ en que se ha satanizado su imagen, estará impedido de ejercer sus atribuciones como fiscal supremo y, por ende, tampoco podrá integrar la Junta de Fiscales Supremos.

Buena parte de los argumentos esbozados en contra de Pedro Chávarry para el dictado de la medida cautelar fueron conocidos, o radican, en el período en el que se desempeñó como máxima autoridad del Ministerio Público, entre julio del 2018 y enero del 2019, mes en el que se vio obligado a dimitir.

En julio del 2018, a poco de asumir la Fiscalía de la Nación, un audio reveló coordinaciones entre él y el entonces juez supremo César Hinostroza, sindicado después como presunto cabecilla de la supuesta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Semanas antes se habían conocido numerosas grabaciones protagonizadas por integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y autoridades de las altas esferas de justicia del país en los que se entreveía favores e irregularidades, por lo que Chávarry no solo se convirtió en el blanco de cuestionamientos de congresistas y líderes partidarios, sino también del presidente Martín Vizcarra, así como de jueces y fiscales.

Tras tomar el mando del Ministerio Público, nuevos audios dieron cuenta sobre su cercanía con personas de la supuesta organización criminal, una relación que derivó en cuestionamientos durante su tiempo como fiscal de la Nación e incluso después de su renuncia al cargo.

El epílogo del 2018 trajo consigo nuevas acusaciones. Por un lado, se le responsabilizó por la supuesta adulteración de sus notas en su proceso de ratificación en el CNM como fiscal supremo. Asimismo, se señaló que plagió 292 de los 356 párrafos de la tesis con la que obtuvo su grado de maestría en derecho penal. A su vez, una decisión polémica marcó su suerte: Chávarry decidió retirar a Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato en una conferencia de prensa llevada a cabo el 31 de diciembre pasadas las 7 de la noche. Meses atrás, los fiscales habían sugerido denunciarlo por entorpecer la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht, así como presuntamente efectuar acciones de encubrimiento a favor de la investigada lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Pedro Chávarry se vio obligado a dar marcha atrás cuando protestas ciudadanas se desataron en todo el país en pos de que Vela y Pérez sean ratificados en el equipo especial, hecho que se consumó el 2 de enero del 2019.

Pocos días después, Chávarry volvió a estar en el ojo de tormenta cuando personal de su despacho y escolta personal ingresaron a una oficina de su asesor que había sido lacrada por el fiscal Pérez como parte de las indagaciones por presunto lavado de activos, y otros, contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

La permanencia de Chávarry en el cargo se hizo insostenible, por lo cual dimitió en la segunda semana de enero del 2019, no sin antes acusar supuestas injerencias del Ejecutivo en su labor como máxima autoridad del Ministerio Público.

En febrero del 2020, el pleno de la JNJ abrió proceso disciplinario inmediato a Chávarry y al fiscal supremo Tomás Gálvez, además de los jueces supremos Aldo Martín Figueroa Navarro y Martín Alejandro Hurtado, todos implicados en el Caso Cuellos Blancos.

El JNJ, ente que reemplaza al desactivado CNM, decidió suspender por unanimidad a Pedro Chávarry este miércoles. Para el organismo que preside Aldo Vásquez, el fiscal supremo ha faltado a la verdad, al Código de Ética y habría violado la Ley de Carrera Fiscal. También se señala que pone trabas a las indagaciones que se le efectúan, por lo que la medida sería la adecuada.

Entre los cuatro hechos que justifican el proceso disciplinario contra Chávarry se encuentran sus conversaciones con el ahora destituido magistrado César Hinostroza, quien espera una decisión en torno a su proceso de extradición al Perú desde España.

Se menciona que mintió sobre las coordinaciones efectuadas por el empresario Antonio Camayo para convocar a periodistas a un almuerzo con el objetivo de que favorezcan su candidatura a la Fiscalía de la Nación.

Tampoco se ha pasado por alto su participación en el deslacrado de la oficina de su ex asesor ni que Chávarry habría usufructuado su posición para solicitar que un exfuncionario del Congreso lo asesorara sobre el allanamiento de la oficina intervenida por el fiscal Pérez, pues esto último habría constituido una “interferencia externa”. Los tres primeros hechos mencionados son investigados por la fiscalía.

Finalmente, la JNJ especificó que la contabilidad de los seis meses de suspensión se iniciarán a partir de la notificación al fiscal supremo.