Perú Libre insiste en proyecto que liquidará a la Derrama Magisterial

La facción magisterial del partido oficialista –que tiene su origen en el Conare-Movadef– integrada por 11 congresistas, logró que la semana pasada se ponga en debate, en la Comisión de Economía del Congreso, el dictamen que reúne tres proyectos de ley con el objeto de modificar el estatuto de la Derrama Magisterial y permitir el retiro facultativo del 100% de fondos, lo cual conllevaría a la quiebra de la entidad.

Diversos especialistas consultados por este diario criticaron la iniciativa debido a su carácter inconstitucional, dado que la Derrama Magisterial es una institución privada con autonomía económica y administrativa en el que el Estado no podría intervenir.

“Sería una injerencia excesiva del Estado. Las entidades sujetas al derecho privado no pueden ser intervenidas por ley”, señaló el constitucionalista Óscar Urviola.

En efecto, para el dictamen en cuestión se solicitó la opinión de la PCM, los ministerios de Economía, Educación y Trabajo, así como la Sunedu, pero todos respondieron que “no son competentes para emitir opinión al respecto”.

A pesar de ello, Perú Libre podría conseguir los votos para su aprobación. Con un empate de ocho votos a favor y en contra, más una abstención de la presidenta de la comisión, Silvia Monteza (Acción Popular), su avance quedó suspendido hasta el lunes 9 de mayo, sesión en la que primero se retomará la cuestión previa de la congresista Patricia Juárez para tener la opinión consultiva de la SBS y la propia Derrama Magisterial.

En 1984, la institución —creada en 1965— se encontraba al borde de la quiebra. Fue entonces que pasó del Estado a manos del Sutep y del Sindicato Docente de Educación Superior del Perú (Sidesp), que la llevaron empresarialmente por buen camino. En 2017, no obstante, nació la Fenatep —organización denunciada por integrar a allegados de Movadef—, la cual fue fundada por Pedro Castillo y otros profesores, algunos de ellos actuales congresistas de Perú Libre. Su propósito es posicionarse como el principal sindicato de maestros del país, condición que solo tenía el Sutep hasta la llegada de Castillo al poder. La pugna es evidente y “consideran a la Derrama como territorio político a ser conquistado”, según manifestó en Exitosa Luis Espinoza, presidente del directorio de la Derrama Magisterial.

“Como es una institución solvente con varios miles de millones de soles en juego, algunas dirigencias radicales quisieran asumir su conducción. Pero no le corresponde al Congreso ni al Minedu intervenir”, agregó a Perú21 Idel Vexler, ex ministro de Educación.

Para Lucio Castro, secretario general del Sutep, Perú Libre y la Fenatep siempre han buscado “destruir” a su sindicato y a la Derrama Magisterial. “Estos congresistas representan a un sector minoritario que busca liquidar la entidad de los maestros”, indicó.

Consultado por este diario, el congresista Edgar Tello –exintegrante del Conare–, uno de los impulsores del proyecto de ley, ratificó su afiliación a la Fenatep y se limitó a cuestionar que el Sutep “se haya apropiado de la Derrama y lo convirtiera en su caja chica”.

Por su parte, el subsecretario general de la Fenatep, Segundo Vásquez, admitió que el objetivo de su organización es “la intervención y liquidación de la Derrama, así como la devolución de los aportes de todos”, conllevando a la disolución de la entidad. “Vamos a hacer lucha para que esa entidad deje de succionar la sangre del magisterio”, afirmó.

La Derrama Magisterial actualmente cuenta con nueve hoteles en varias regiones del país y es propietaria de tres centros recreacionales, un auditorio, entre otros negocios. Además, entrega créditos a maestros.

“Los docentes y auxiliares que estamos afiliados somos algo de 260 mil. De ese total, 160 mil tenemos créditos con la Derrama. Si se aprueba la devolución del 100% no habría liquidez. Se cerrarían todos los negocios y los trabajadores perderían sus empleos”, advirtió Castro.

“Sin duda alguna podrían llevar la empresa a la quiebra. Es una barbaridad carente de valor técnico y que tiene una intencionalidad política de desestabilizar a los sistemas financieros”, acotó Juan José Marthans, ex superintendente de la SBS.