Piden acceso directo al secreto bancario y reserva tributaria

Procuradora antidrogas, Sonia Medina, abogó por darle este facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera. Dictamen en ese sentido no pasó en el Congreso.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

25/08/2019 - 17:56

La procuradora antidrogas, Sonia Medina, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe tener acceso directo al secreto financiero y a la reserva tributaria, si queremos combatir con éxito el lavado de "dinero sucio" del crimen organizado.

Sostuvo que esta facultad no puede seguir centralizada porque genera demoras en las acciones de investigación que desarrolla la UIF, razón por la cual es necesario hacer las modificaciones legales necesarias.

Actualmente, solo el Poder Judicial puede autorizar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, a pedido de la Fiscalía, tramite que puede demorar el desarrollo de las investigaciones.

El miércoles, en el pleno del Congreso no se aprobó, por falta de consenso, el dictamen para otorgar a la UIF la facultad de levantar el secreto bancario y reserva tributaria, para fortalecer la lucha contra la criminalidad.

Los detractores del proyecto alegaron que la propuesta es inconstitucional y expone información sensible de los ciudadanos a la revisión de una agencia gubernamental.

"Es hora de modificar las normas si queremos fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (…) no podemos seguir con normas obsoletas, sin desmerecer la facultad y la función que tiene el Ministerio Público", refirió Medina.

La procuradora alegó que la seguridad de la información a la cual accederá la UIF tendrá las mismas garantías que se da cuando lo solicitan las instituciones actualmente autorizadas.

Agregó que la UIF tiene a cargo las primeras acciones frente a un posible lavado de activos, por lo que las facultades que solicita serían muy positiva para la labor que cumple.

Según Medina, el procedimiento "demora en extremo" frente a la rapidez que se requiere en contra de las organizaciones criminales, lo que permite que los abogados de las personas investigadas interfieran en ese requerimientos alegando los plazos razonables.

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