No fueron suficientes las casi seis horas en la Comisión de Fiscalización del Congreso a lo largo de las cuales el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, dieron cada cual su versión sobre las circunstancias y motivaciones de su cena en un chifa que derivó en la grabación de audios. En ellos, supuestamente —todavía está pendiente de verificación su autenticidad por parte de la Fiscalía—, el primero habla sobre las presiones de la presidenta Dina Boluarte para que se desactive la División de Investigación de Alta Criminalidad (PNP) y la presunta protección gubernamental y cubana a Vladimir Cerrón, quien hoy cumple 338 días prófugo de la justicia, entre otros temas.
Es por eso que algunos integrantes del referido grupo de trabajo han solicitado un segundo interrogatorio a ambos personajes, el mismo que en el caso de ‘Culebra’ tendría lugar este miércoles 11, por lo que el agente ha pedido que se le envíen las preguntas con anticipación. En el caso del titular del Mininter, su presentación estaría sujeta a su agenda ministerial.
“He solicitado que se vuelva a citar a los dos y ya se ha programado para el miércoles. Se deben continuar las indagaciones porque no han sido tan convincentes las respuestas del ministro y hay abundante información que da el capitán, quien ha hecho referencia a que en la actualidad hay algunos mandos de la Policía que habrían estado inmersos en ascensos irregulares. De eso tiene que responder y decir quiénes son esos altos mandos”, declaró a Perú21 el congresista por Fuerza Popular y extitular de Fiscalización Héctor Ventura.
Pedido de facultades
En ese contexto, el legislador sostuvo que es importante que el Pleno del Legislativo dé luz verde a la moción aprobada esta semana en la Comisión de Fiscalización, por la cual solicita que se le otorguen facultades de comisión investigadora, lo que le permitiría tener ciertas prerrogativas, como tramitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones o secreto bancario de los investigados o citar de grado o fuerza a los involucrados. Incluso, algunos de los que se encuentran en condición de testigos podrían pasar a la de investigados.
Sostuvo que, de verificarse que los audios entregados por el capitán PNP al Ministerio Público son reales y no manipulados, como ha señalado Santiváñez, la comisión podría, eventualmente, solicitar el testimonio de la presidenta Dina Boluarte toda vez que se le atribuyen determinadas conductas en contra de la Diviac.
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“Ella es la primera funcionaria (del Estado), en aras de la transparencia, de la objetividad, tendría que acudir a la comisión para que demuestre que no tiene ninguna responsabilidad (…). Lo más razonable, políticamente saludable, es que la presidenta declare, pero, ojo, eso podría darse en tanto se demuestre que efectivamente la voz sea del ministro porque hasta la fecha no podemos afirmar que él tiene responsabilidad”, precisó.
Norma Yarrow, por su parte, insistió en la necesidad de que el Pleno apruebe el otorgamiento de facultades investigadoras, aunque indicó que ha advertido resistencias en algunos parlamentarios. “Inclusive —dijo— dudaban un poco de las mismas declaraciones del señor Izquierdo, y es que él es un colaborador de la Fiscalía y con lo que está haciendo (al declarar) es invalidar en muchos casos sus declaraciones”.
La parlamentaria observó que no sería lo mismo si la comisión contara ya con facultades investigadoras y, en esa línea, refirió que, dado que mañana sesiona la Junta de Portavoces, podría verse en dicha instancia cuánta disposición hay para aprobar la solicitud. “Es un tema de decisión (…). Así, el miércoles se podría tener el Pleno y el presidente de la comisión podría postergar la sesión para el viernes. Creo que es necesario darle la facultad a la comisión y continuar nosotros con este proceso”, puntualizó.
Al archivo
Mientras tanto, el Ministerio Público archivó la denuncia que formuló el titular del Interior contra el capitán PNP Junior Izquierdo alegando su participación en una organización criminal que tendría la finalidad de “desestabilizar al gobierno a través de una narrativa de que altos funcionarios realizarían actos de obstrucción de la justicia”.
Según la Fiscalía, sin embargo, “no procede iniciar diligencias preliminares” al respecto. “Lo que pretendería el denunciante es que este despacho final se aboque al conocimiento de una investigación penal seguida en su contra y que se encuentra en trámite, aduciendo, sin presentar elemento de convicción alguno, que los mensajes y audios serían falsos, (…) y que, a partir de su dicho, se inicie una investigación contra el oficial que lo denunció, lo que evidentemente sería un despropósito”, subraya el documento fiscal.
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