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PJ transfiere al Estado inmueble de Alberto Venero valorizado en más de U$S3 millones

El Poder Judicial dispuso transferir al Estado peruano el 100% de las acciones de un inmueble valuado en más de 3 millones de dólares, de propiedad del sentenciado Alberto Venero.

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Fecha Actualización
El Poder Judicial dispuso transferir al Estado peruano el 100% de las acciones de un inmueble valorado en más de 3 millones de dólares, de propiedad del sentenciado Alberto Venero.
Según informó ese poder del Estado, el inmueble había sido registrado a nombre de Giulio Chiauzzi y que se encuentra ubicado en la urbanización Las Casuarinas, en el distrito limeño de Santiago de Surco.
El Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima determinó que existe evidencia de que el inmueble fue adquirido con ganancias provenientes de los actos ilícitos en los que se involucró Venero, uno de los asociados a las redes del exasesor de Vladimiro Montesinos.
Se trata de un local comercial avaluado en tres millones 856,875 dólares. El Ministerio Público comprobó, durante el juicio que Chiauzzi, no adquirió “con buena fe cualificada o exenta de culpa” este local.
El juez Henry Chumpitaz indicó que la compra del inmueble tiene vinculación con la comisión, por parte de Alberto Venero, de los ilícitos de colusión desleal, cohecho pasivo propio, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir.
Asimismo, declaró infundadas las excepciones de cosa juzgada promovidas por los abogados de Alberto Venero Garrido y Giulio Eduardo Chiauzzi Canales, a fin de evitar la transferencia del inmueble al Estado.
En el fallo se indica que una vez que este caso tenga sentencia en última instancia, el inmueble pasará a ser administrado finalmente por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Cabe indicar que en diciembre del 2020 el Estado peruano recuperó más de US$14 millones tras cerrar la transacción extrajudicial con Alberto Venero Garrido, extestaferro de Vladimiro Montesinos.
Dicho monto corresponde a las ganancias ilícitas que este generó al concretar la compra ilegal de armamento para el Estado peruano durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
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