Plantean que el Congreso denuncie constitucionalmente a Alan García

Parlamentario Heriberto Benítez consideró que no se debe “perder el tiempo” cambiando a los integrantes de la ‘megacomisión’.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

26/08/2019 - 02:42

Tras el polémico fallo del Poder Judicial que declara nula toda la investigación realizada por la 'megacomisión' del Congreso al expresidente Alan García, el congresista Heriberto Benítez sostuvo que el Parlamento debe, de forma directa, denunciar constitucionalmente al exmandatario.

De esta forma, el también vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que el Legislativo no debe "perder el tiempo" en una nueva investigación, ni en conformar otro grupo de trabajo que investigue al líder aprista o cambiar a los integrantes de la actual 'megacomisión'.

"Hay que recabar los elementos probatorios, obtenidos prolijamente durante el trabajo de la 'megacomisión' (…) y presentar la denuncia constitucional, a fin de que el Congreso efectúe el trámite legal, con respeto al debido proceso, y se pronuncie a través de sus instancias legales (Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente, y pleno)", dijo.

"Si se demuestra que hubo infracción constitucional, por las conmutaciones de pena a narcotraficantes y condenados por robo agravado, Alan García podría ser inhabilitado hasta por diez años en el ejercicio de la función pública" agregó el parlamentario de Solidaridad Nacional.

Asimismo, indicó que queda claro que dicha sentencia es una advertencia para que la Comisión de Fiscalización cumpla con respetar el debido proceso durante la investigación seguida a Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.

MANIOBRA POLÍTICAPor su parte, el congresista Yonhy Lescano pidió investigar al juez Hugo Velásquez, quien anuló la investigación contra García Pérez y calificó el hecho como una "maniobra política".

Lescano sostuvo que el magistrado que vio la acción de amparo presentada meses atrás por el líder aprista, se habría prestado a una maniobra política, que va contra la correcta administración de justicia que debe existir en el país.

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