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Pleno aprobó retorno de proyecto sobre financiamiento ilícito de partidos a Constitución

Iniciativa fue aprobada en diciembre pasado en la comisión que preside Rosa Bartra y fue cuestionada porque favorecía a investigados por lavado de activos.

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Fecha Actualización
La Comisión de Constitución volverá a debatir los proyectos de ley sobre el financiamiento ilícito de partidos políticos y candidatos sea incluido en el Código Penal como delito por decisión del pleno del Congreso.
La presidenta del referido grupo de trabajo, Rosa Bartra (Fuerza Popular), planteó una cuestión previa ante la reconsideración que solicitada por la bancada de Nuevo Perú en diciembre del 2018, en medio de críticas porque el dictamen modificaba el delito de lavado de activos si se cometía a través de aportes a campañas políticas.
"Dado el estado del proceso y dado que se ha aprobado la reconsideración, solicito que, como cuestión previa, retornen a la Comisión de Constitución y Reglamento los proyectos de ley 2635, 2750, 2792 y 3641 que proponen la tipificación del delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas o candidatos", señaló Bartra durante el debate.
El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, decidió someter a debate la cuestión previa que aprobó por unanimidad con 100 votos a favor.
El dictamen cuestionado y sometido a una reconsideración fue aprobado en diciembre del 2018 y plantea que "el que infringiendo la ley electoral o de organizaciones políticas, entrega o recibe, directa o indirectamente, financiamiento de origen delictivo, (...) es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años".
Daniel Salaverry calificó este proyecto como "nefasto" y se negó a firmar la autógrafa y enviarla al Ejecutivo para su promulgación, lo que permitió el pedido de reconsideración.
Posteriormente, el 10 de abril del 2019, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley 4189 que también plantea cambios para tipificar el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Esta iniciativa, empero, se encuentra pendiente de debate en la Comisión de Constitución.