El estallido del escándalo Odebrecht en nuestro país puso al descubierto una enmarañada trama de corrupción con pago de sobornos a funcionarios públicos para ganar licitaciones de obras del Estado entre fines de diciembre de 2016 e inicios de 2017. La reacción política ante la arremetida de este sistema corrupto —que comprometió a cuatro presidentes de la República de nuestro país— fue prohibir el financiamiento privado en favor de los partidos políticos.
Casi ocho años han transcurrido desde entonces y la participación de economías ilegales en el quehacer político nacional obliga a replantear la legislación vigente para permitir que el sector privado aporte a las organizaciones políticas, pero bajo la tutela de mecanismos que garanticen la transparencia.
El tema fue abordado esta semana en el I Encuentro de Voceros, Parlamentarios, Congresistas y Asesores sobre Reforma Política y Electoral para un Parlamento Bicameral, que organizó el Congreso de la República. Allí, el analista político Jaime de Althaus sostuvo que la “expulsión a la mala del empresariado de la política” ha resultado nociva para el país y la democracia, pues ha permitido, a la larga, la intrusión de las economías ilegales que han ocupado el vacío que dejó la economía legal.
“Se requiere que los empresarios asuman su condición de clase dirigente y se comprometan con el desarrollo del país, no para defender intereses particulares o mercantilistas, sino líneas centrales de la Constitución de 1993, como la economía de libre mercado. (…) Hay que recuperar terreno y no dejar a las economías ilegales con el monopolio de esta financiación, que ha significado que muchas instituciones del país hayan sido capturadas por la mafiocracia”, acotó.
Rendición de cuentas
El tema del financiamiento a los partidos es, sin duda, complejo y recobra actualidad a 17 meses de las elecciones generales. A la fecha, en el Parlamento hay 12 proyectos de ley sobre el tema, uno de ellos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad que tiene a su cargo la verificación y control externo de la actividad económico-financiera de los partidos.
De ahí que Delia Ferreira, expresidenta de Transparencia Internacional, incidiera en el evento sobre la necesidad de optimizar la transparencia en el uso de los recursos. ¿Cómo? Estableciendo una rendición de cuentas en una plataforma virtual en tiempo real. “La información es clave y lo es también facilitar una rendición de cuentas que tenga los mismos rubros para todos los actores involucrados. Eso facilita la comparación de los gastos entre los distintos actores y evita que algunas rendiciones de cuentas traten de ocultar el uso indebido de algunos fondos”, explicó.
En cuanto a los aportes de privados indicó que “lo razonable” es determinar qué personas jurídicas pueden aportar, cuánto, con qué fin, y garantizar un control eficiente de los límites que se establezcan. No obstante, advirtió que todo eso no basta si no se fortalecen los organismos que ejercen control sobre esos recursos para que “trabajen coordinadamente con todas las autoridades nacionales e internacionales encargadas de la lucha contra el lavado del dinero, crimen organizado, etcétera”.
“Si no hay transparencia en el financiamiento de la política, esta se puede transformar, a futuro, en un mercado de decisiones políticas o en la compra de políticas públicas a cambio de favores”, insistió.
Billeteras electrónicas
Percy Medina, jefe de Misión de IDEA Internacional, por su parte, planteó una serie de propuestas de modificaciones legales que permitirían transparentar los recursos que manejan las agrupaciones políticas. Una de ellas es el registro de su actividad económica y financiera de carácter público y privado en un libro contable digital, habilitado por la ONPE dentro del portal digital de financiamiento. Indicó que experiencias similares de rendición de cuentas en línea se han aplicado ya en México, Colombia y Chile.
En cuanto al financiamiento público directo que reciben los partidos, y cuyo monto se fija de acuerdo a la cantidad de congresistas electos que logra el partido, Medina dijo que su distribución tendrá que ser revisada, pues a partir de 2026 ya no habrá una sino dos cámaras y, en consecuencia, deberá determinarse con base en qué se hacen los cálculos. Recordó, asimismo, que actualmente hasta un 50% del total de esos recursos públicos que perciben los partidos debe ser utilizado en gastos ordinarios, y propuso que, como parte de ellos, deberían también considerarse las auditorías previas a la presentación de los informes financieros.
Otra iniciativa novedosa es incorporar a las billeteras electrónicas en el sistema de financiamiento para garantizar una “mayor bancarización de aportes y gastos, y combatir ingresos de fuentes ilícitas”. “Para evitar que se infiltre dinero ilícito en las campañas hay que darles trazabilidad a los gastos y las billeteras electrónicas permiten eso”, observó.
Perú tiene uno de los niveles más bajos de representación congresal en la región
En 1992, el nivel de representación congresal era de un congresista por cada 55 mil ciudadanos. Actualmente, la relación es de un parlamentario por cada 200 mil. Las cifras lo evidencian; somos un país subrepresentado. En la Mesa 2 del I Encuentro sobre Reforma Política y Electoral para un Parlamento Bicameral organizado por el Congreso —que tuvo como moderadora a la directora de Perú21, Cecilia Valenzuela—, el experto en temas electorales Fernando Tuesta sostuvo que el tema “no es poca cosa”. “Estamos en los niveles más bajos de relación representante-representado, llegamos a ser una unicameralidad parecida a la de los países centroamericanos”, refirió.
La representación congresal, sin embargo, no solo puede ir en función del territorio que tiene cada circunscripción electoral sino de la cantidad de personas que viven en ella. Para el especialista, el proceso de cambios en la normativa legal nos da la oportunidad “que no debe ser desaprovechada” de introducir mejoras sustanciales en este tema.
Mejor representación
Presentó, en tal sentido, una propuesta que contempla que haya 1 diputado por cada 125,000 electores. “Hablamos de crecer de 130 a 200 congresistas en la Cámara de Diputados lo que nos llevaría a tener un Parlamento más o menos adecuado. (…) La distribución de los escaños, entonces, sería con la división de las circunscripciones actualmente establecidas, tenemos 27 que no tienen por qué quedar allí. La mayor representación no solamente es crecimiento de circunscripciones de los miembros de la Cámara de Diputados, sino también acercar más al representante con el representado, y esto quiere decir que no debiera existir circunscripciones con un máximo de 3 miembros”, agregó.
En cuanto al Senado, Tuesta se mostró partidario de mantenerlo con 60 integrantes, pero dividiendo a Lima en cuatro circunscripciones uninominales, es decir, de un escaño para cada una.
En un escenario como el peruano donde hay a la fecha 37 partidos políticos inscritos y poco más de una decena realizando el mismo trámite, otro tema en discusión fue el del fraccionamiento político al que se refirió el decano de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, Fredy Barrero, quien reseñó la experiencia de su país donde en 2003, recordó, llegaron a tener 70 agrupaciones inscritas.
“Incluimos el umbral electoral e inmediatamente la existencia de estos partidos se redujo debido a que se ató la obtención de la personería jurídica a la obtención del umbral que tanto para Senado como para Diputados fue de 3%”.
De otro lado, Barrero consideró “positiva” la propuesta que está en debate en la Comisión de Constitución para que la elección de senadores se lleve a cabo “a través de una fórmula mixta porque tenemos una circunscripción nacional y territorial”, destacó.
En el cónclave también se discutieron experiencias comparadas en el diseño del Senado. La Mesa estuvo conducida por la abogada constitucionalista Milagros Campos y contó con la participación de las exsenadoras María del Rosario Guerra de Colombia y Laura Rojas de México.
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