La revocatoria: el juego de los que hoy la critican

En 2003, Perú Posible aprobó incluir figura en Ley Orgánica de Municipalidades. Excongresista Xavier Barrón (PPC) recuerda que fue por presión de ONG que se incorporó este mecanismo.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/08/2019 - 08:12

El proceso en marcha para la revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha puesto sobre el tapete versiones a favor y en contra sobre la futura consulta popular. Sin embargo, los que hoy critican este proceso son los que ayer defendieron ardorosamente la vigencia de este mecanismo.

En un reciente pronunciamiento público, Perú Posible señaló que la revocatoria planteada contra Villarán, "tiene un trasfondo político" y que cortaba el proceso de moralización que lleva adelante la actual gestión edil.

Sin embargo, dicha agrupación olvida que fue, precisamente, durante la gestión del entonces presidente Alejandro Toledo que el bloque oficialista integrado por parlamentarios de esa bancada aprobó, en mayo del año 2003, la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, en cuyo artículo 122 se incorporó la figura de la revocatoria de autoridades ediles.

En aquella época, Carlos Ferrero presidía el Poder Legislativo y la presidencia de la Comisión de Constitución estaba en manos de Henry Pease, actual asesor de Villarán. Perú Posible gobernaba desde el Ejecutivo en alianza con el Frente Independiente Moralizador y, por ende, tenía la mayoría en el Parlamento.

Asimismo, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta Soldevilla, quien hoy advierte que las revocatorias "constituyen una fuente de ingobernabilidad", en el 2008 pensaba de otra manera: descartaba que estos mecanismos "sean sinónimo de un proceso confrontacional que genere una pésima imagen para el país".

NO SE OLVIDANEn diálogo con Perú21, Natale Amprimo –exintegrante de la Mesa Directiva que presidiera Ferrero en 2003– recordó que fue Henry Pease "uno de los impulsores de la norma" sobre la revocatoria. "Lástima que los que promovieron esa norma, ahora la critiquen", dijo.

Por su parte, el exlegislador del PPC Xavier Barrón todavía recuerda la presión que hubo para que se aprobara dicho mecanismo. "Todos los organismos de la sociedad civil, léase ONG, venían con mucha fuerza tras la caída de Fujimori. Uno de sus derechos era la capacidad de revocar autoridades", refirió.

Indicó que la presión era para que se revocara a congresistas, pero como esto falló, promovieron la revocatoria de alcaldes. "El gran impulsor no solo fue Pease, evidentemente fueron los parlamentarios del gobierno. Ahora la vaca ya no se acuerda cuando fue ternera", añadió.

"En todo momento los grupos de izquierda, las ONG proponen mayor control de la población, pero cuando les toca a ellos ser los controlados, allí sí, las leyes son malas, no funcionan. Ese es el doble rasero que tienen en todo", indicó a su turno el excongresista aprista Aurelio Pastor.

En tanto, Gilberto Díaz (Perú Posible) justificó que su partido impulsara la norma, pero dijo que en esta ocasión están en desacuerdo "porque detrás de la revocatoria está Castañeda Lossio".

DATOS

- La primera ley de Municipalidades, promulgada en el segundo gobierno de Fernando Belaunde, no señalaba nada referido a revocatoria.

- La Constitución de 1993 establece la revocatoria del mandato municipal o regional entre el primer y último año.

- Tras la caída del régimen fujimorista, el gobierno de Toledo y sus aliados aprueban las leyes de elecciones regionales, de gobiernos regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. En todas estas normas se incluye la figura de la revocatoria.

- Tras las leyes aprobadas por Toledo, en 2004 se procedió al primer proceso de revocatoria; un total de 878 autoridades fueron sometidas a proceso de las cuales fueron revocadas 144 en 43 distritos.

- Para activar la revocatoria se entregan al Reniec las firmas del 25% de electores del municipio o región o 400,000 rúbricas como mínimo.

- Para el caso de la provincia de Lima y la alcaldesa Villarán, el Jurado Nacional de Elecciones fijó el 17 de marzo de 2013 como fecha para la consulta popular.

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