Sesgos y aciertos en el informe presentado por la CIDH sobre el Perú

La CIDH ha comprobado que en el Perú existe una democracia y las instituciones son independientes y funcionan. “La CIDH ha reconocido la fuerte institucionalidad democrática que se ha construido en Perú”, señaló el comisionado Joel Hernández en la conferencia de prensa que dio ayer la organización. Además, el informe presentado señala que el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado y recuerda que la propia CIDH “condenó el rompimiento del orden constitucional y saludó la rápida actuación de las diferentes instituciones del Estado para el pronto restablecimiento del orden institucional”. Es decir, dejó sin piso a quienes afirmaban que esta instancia se pronunciaría a favor de reponer a Castillo en la Presidencia y también a dos presidentes de la región que hasta ahora no reconocen la validez de la vacancia.

El documento señala de forma detallada las diversas muertes de manifestantes que ocurrieron durante las protestas por una presunta acción desmedida de las fuerzas del orden. Y señala que se habrían registrado “graves violaciones de derechos humanos”, cometido ejecuciones extrajudiciales y una “masacre” en Ayacucho y Puno, aseveraciones que refutó el gobierno. Dejó, sin embargo, en manos de la Fiscalía la investigación, solicitando que participen en estas diligencias fiscales especializados en derechos humanos. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recogió el encargo y aseguró ayer que su despacho trabajará de acuerdo a las recomendaciones que hizo la CIDH.

“Hemos venido comunicando a la CIDH de todas las acciones y decisiones a fin de fortalecer las investigaciones sobre violación de derechos humanos”, dijo.

La CIDH hace énfasis en la estigmatización del lado que desconocía la constitucionalidad de la vacancia, pero no detalla los ataques físicos y verbales que recibió la prensa por parte de manifestantes. Asimismo, solo recuenta de forma muy superficial los “reportes” de incendios de viviendas de congresistas y gobernadores.

A pesar de que la comisión vino al Perú para determinar si hay indicios de violación de DD.HH., la CIDH sobrepasó sus facultades y afirmó —falsamente— que el Perú tiene un modelo “primordialmente extractivista cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas”. No obstante, según el INEI, a diciembre de 2022, la minería solo representó el 14.36% del PBI, por debajo de manufactura (16.52%) y otros servicios (14.89%). En ese sentido, el exministro de Energía y Minas Rafael Belaunde Llosa consideró que el informe cuenta con aspectos positivos, sin embargo, señaló que se percibe que hay un sesgo ideológico en el documento cuando se hace mención al crecimiento económico.

“Le hacen un flaco favor cuando quieren poner parte de sus consignas políticas a un informe de esta naturaleza. Porque desvirtúa y termina generando una discusión política en algo que tendría que centrarse en la búsqueda de la verdad”, dijo a Perú21.

Belaunde señaló que el Perú no solo ha sido el país que más ha crecido en los últimos veinte años, sino también el que más ha reducido la pobreza. Además, indicó que la minería ha sido beneficiosa para las zonas altoandinas.

La comisión señaló —a pesar de no estar contemplada en nuestra Constitución— que se debe atender la demanda de una asamblea constituyente, excediendo nuevamente sus funciones, lo cual resulta lamentable. ¿Eso vinieron a revisar?

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte dijo no estar de acuerdo con el informe. En ese sentido, indicó que el documento utiliza condicionales para referirse a las supuestas violaciones de DD.HH. “Hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos, más aun viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la comisión”, aseguró.

Boluarte también negó que haya habido estigmatización contra los manifestantes, señalando que ella es de Apurímac, y enfatizó que en su gobierno “no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, de religión ni de otra índole”. Además, pidió celeridad en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público para determinar las responsabilidades por las muertes ocurridas durante las protestas.

Por su parte, el representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, le dijo a Perú21TV que “hay una desproporción” en el informe cuando se hace una descripción detallada sobre la muerte de manifestantes, mientras que al oficial asesinado en Puno, “le dedican solamente diez palabras”. Asimismo, enfatizó que el término “masacre” en el Perú hace recordar a los asesinatos que cometía Sendero Luminoso, mientras que en el escenario internacional se refiere a cualquier suceso donde mueren más de dos personas.

Adrianzén señaló que existe el “compromiso” de contribuir a que se mantenga la imparcialidad en las investigaciones que lleve a cabo el Ministerio Público. No obstante, enfatizó que esta institución es autónoma y el Poder Ejecutivo no puede interferir en sus labores.