Socias peruanas dieron US$15 mllns. para coima a Alejandro Toledo, según Fiscalía

El equipo especial del caso Lava Jato decidió ampliar la investigación preparatoria contra los entonces representantes de diversas empresas nacionales que formaron consorcio con Odebrecht en el caso de la Interoceánica Sur, en el que está incluido el ex presidente Alejandro Toledo.

Se trata de las firmas Graña y Montero, JJ Camet y Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., que, según la Fiscalía, cedieron en favor de la constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. US$15 millones de sus utilidades en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, para el soborno de US$20 millones solicitado por Toledo.

Según la fuente de Perú21 en la Fiscalía, Graña y Montero S.A.A. cedió US$6 millones, JJC Contratistas US$5 millones, mientras que Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. US$3 millones.

La fuente informó que la referida cesión de utilidades fue refrendada en las actas de Junta General de Accionistas bajo la existencia de supuestos “riesgos adicionales” y/o “mayores riesgos” que habrían asumido las constructoras brasileñas en la ejecución de las obras de construcción y en la obtención de los resultados.

De esta manera, quedaron en calidad de investigados los entonces representantes José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña Acuña.

A través de un video difundido por el Ministerio Público, el fiscal Hamilton Castro –a cargo del citado grupo de trabajo– explicó que se tomó esta medida como consecuencia de “un paciente trabajo de corroboración” en el marco del proceso especial de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú. El fiscal Sergio Jiménez, integrante del equipo, explicó que los mencionados empresarios son investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

En tanto, el fiscal Javier López, también del grupo Lava Jato, dijo que las versiones de los colaboradores no pueden ser usadas de manera directa, sino que tienen que ser corroboradas con pericias, documentación contable y financiera, entre otras pruebas.

El fiscal Marcial Páucar informó que en cuanto a lavado de activos, este es un proceso económico-financiero y contable que busca dar apariencia de legitimidad a activos que tienen una procedencia delictiva e ilícita.

En enero de este año, Jorge Barata afirmó que sus socios peruanos Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. sí conocían del soborno de US$20 millones presuntamente entregados al hoy prófugo ex presidente Alejandro Toledo, a cambio de la vía Interoceánica, tramos 2 y 3.

PRÓXIMAS DILIGENCIAS
Trascendió que con el objetivo de que los mencionados ejecutivos afronten el proceso en el Perú, Castro solicitaría al juez Richard Concepción Carhuancho el impedimento de salida del país para ellos.

Otra de las medidas que se podrían adoptar próximamente sería la incautación de bienes para resguardar los intereses del Estado.

Entre las principales diligencias que ha solicitado Castro se halla recabar los contratos entre la Sociedad Auditora PricewaterhouseCoopers Sociedad de Responsabilidad Limitada y las empresas concesionarias Interoceánica Sur Tramo 2 SA, al Grupo Odebrecht, Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. y Conirsa S.A.

También se ha pedido información registral de las empresas asociadas y de los imputados, así como una auditoría y registro del movimiento migratorio de los mismos.

Igualmente, se solicitarán las declaraciones voluntarias de los procesados de acuerdo con la estrategia y agenda de los fiscales, luego de haberse recabado los elementos de convicción necesarios.

Otra de las diligencias será recabar los antecedentes penales y judiciales de los personajes bajo investigación.

Cabe recordar que las empresas consorciadas con Odebrecht ya estaban en un proceso de investigación preliminar en la Fiscalía, pero la pesquisa se encontraba en una etapa inicial.

El equipo especial del Ministerio Público aclaró que no es el inicio de una investigación, sino el resultado de una recopilación de información suficiente y necesaria para esta etapa del proceso como es la investigación preparatoria. El ex mandatario Toledo se encuentra prófugo en Estados Unidos desde febrero. Se tramita su extradición.

TENGA EN CUENTA

- El grupo Graña y Montero informó que colaborará con las investigaciones del Ministerio Público referidas a las implicancias del caso Lava Jato en el Perú.

- En el documento se lee que el directorio de la empresa manifiesta que “no protege ni protegerá a ninguna persona que haya estado involucrada en actos de corrupción”.

- “El pago de sobornos a funcionarios o cualquier otra actividad ilícita no forman parte de las políticas y prácticas empresariales de la compañía”, dijeron.