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Tribunal Constitucional: Suspensión de cobro de peajes se evaluará en audiencia pública el 12 de agosto
El Tribunal Constitucional evaluará en una audiencia pública el miércoles 12 de agosto la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno contra la ley que suspende el cobro de peajes que fue aprobada por el Congreso.
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El Tribunal Constitucional (TC) evaluará en una audiencia pública, el miércoles 12 de agosto, la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno contra la ley aprobada por el Congreso que suspende el cobro de peajes.
La presidenta del TC, Marianella Ledesma, precisó que se programó esta sesión luego que el Parlamento respondiera formalmente la demanda planteada por el Ejecutivo.
“Ya el Congreso ha contestado la demanda que planteó el Ejecutivo y el 12 de agosto, miércoles, será la audiencia pública en la que ambas partes, Congreso y Ejecutivo, expondrán sus puntos de vista sobre la constitucionalidad o no de la ley que suspende el cobro de peajes”, señaló en declaraciones a RPP.
El 2 de junio de este año, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31018 que suspende el cobro de peajes en todas las vías concesionadas a privados y que fue aprobada por el Parlamento en mayo.
La norma establece, en su único artículo, que se suspenda “con carácter excepcional y provisional” el cobro de peajes en todas las unidades de peaje de la red vial nacional, departamental y local concesionadas.
El Parlamento establece que esta medida se aplicará mientras dure el estado de emergencia nacional para disminuir los riesgos de propagación del coronavirus (COVID-19). La ley se aprobó por insistencia luego que el Ejecutivo la observara.
En su demanda de inconstitucionalidad, el Gobierno señala que el cobro de peajes tiene un enfoque constitucional porque garantiza el libre tránsito de las personas, al permitir el mantenimiento de las vías y garantizar así la seguridad e integridad de todas las personas que usen las vías concesionadas.
También cuestiona que el Poder Legislativo promulgue una norma que, según el Gobierno, afecta las competencias del Poder Ejecutivo en lo que respecta a su capacidad para establecer qué restricciones se aplican durante un estado de emergencia.
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