#VigilanciaActiva: La actual Constitución, una garantía que limita la concentración del poder

Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), exploró ambas interrogantes y otras inquietudes en #VigilanciaActiva, un panel organizado por la institución que dirige en alianza con Perú21, en el que participaron el analista político Gonzalo Zegarra y el presidente Ejecutivo de Apoyo Comunicación, Gabriel Ortiz de Zevallos.

Para Zegarra, la importancia de la Constitución radica en que establece los términos de la convivencia política de los peruanos y, aunque tiene aspectos que pueden ser mejorados, está cumpliendo su función. Por ello considera que uno de los motivos por los que existe la intención de hacer una Asamblea Constituyente para reemplazarla es que la misma Constitución vigente es un impedimento para la concentración de poder.

“Probablemente (la insistencia de Castillo) se debe a que la Constitución está haciendo su trabajo y no lo deja gobernar en los términos que él quisiera, que son unos términos de concentración de poder. Y digo que está haciendo su trabajo porque la función de la Constitución es poner los términos de nuestra convivencia, pero se ponen de tal forma que se limitan los poderes. Uno de los principios básicos de la democracia es que el poder es limitado”, precisó.

Su mirada sobre la importancia de la Constitución vigente fue compartida por Ortiz de Zevallos, quien explicó, además, que las asambleas constituyentes han sido recursos usados por varios gobernantes en la región para perpetuarse en el poder.

“En términos de la intención de los políticos, y esto ha sido analizado a nivel de América Latina por especialistas en ciencias políticas, ellos plantean asambleas constituyentes para concentrar poder y reelegirse. Los políticos aprovechan ese elemento de insatisfacción para decir “tenemos que redefinirlo todo”, pero para conseguir lo que les conviene. Y eso lo hizo Fujimori en Perú en 1993, cuando se aprobó primero una reelección inmediata que hasta antes era alterna. Es decir, dejando un periodo. Y luego sacó la ley de interpretación auténtica para que la primera elección no valiera. De eso se copiaron Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y luego Rafael Correa”, explicó Ortiz de Zevallos.

Para el presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación, el referido escenario debería ser advertido por los peruanos, para así evitar sucesos que han acontecido en otros países en los que los políticos se han aprovechado de las expectativas y frustración de los ciudadanos. No obstante, considera que la discusión sería más productiva si se enfocara en un problema específico. Como, por ejemplo, si es conveniente o no modificar el principio de subsidiariedad del Estado o hacer una reforma del Estado para dar mejores servicios a los ciudadanos.

En tanto, Zegarra aclara que si hay un aspecto que no se le puede discutir a la actual Constitución es el del capítulo económico.

“No hay un solo indicador en el que hayamos fallado, salvo quizás, el de reducción de informalidad. Pero ese problema no es de la Constitución (...), sino de los procesos y mentalidades que son virreinales”, dijo, y remarcó que los economistas Iván Alonso e Ian Vásquez, del Instituto Cato, han recopilado 38 indicadores económicos y sociales que demuestran el impacto positivo de la Constitución actual. “Y también hay indicadores sociales, incluyendo la reducción de la desigualdad”, aseveró.

Director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA). Abogado y magíster en Derecho Penal, con un posgrado en finanzas y Derecho Empresarial. Investigador y consultor en ética aplicada y estrategias contra la corrupción.

Abogado con maestría en Derecho por la Universidad de Yale. Es asesor de empresas y ha sido director de Semana Económica y vicepresidente de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi.

Presidente Ejecutivo de Apoyo Comunicación. Es economista y tiene una maestría en administración pública por la Universidad de Harvard y es parte del Comité Ejecutivo de Empresarios por la Educación desde mayo 2020.