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Fiscalía ratifica que hay renuencia de Vladimir Cerrón y Perú Libre a entregar información financiera
La Fiscalía de Lavado de Activos hizo incidencia en que Vladimir Cerrón, así como el partido político Perú Libre, vienen siendo renuentes a entregar toda la información financiera y contable requerida, por lo que sí estuvo sustentado los allanamientos en Lima y Huancayo a los inmuebles del exgobernador de Junín y locales partidarios.
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La Fiscalía de Lavado de Activos hizo incidencia en que Vladimir Cerrón, así como el partido político Perú Libre, vienen siendo renuentes a entregar toda la información financiera y contable requerida, por lo que sí estuvo sustentado los allanamientos en Lima y Huancayo a los inmuebles del exgobernador de Junín y locales partidarios.
Ello fue parte de lo manifestado por la fiscal adjunta superior Elssie Garavito Chang este jueves ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Ante esta instancia, la defensa de Cerrón y del partido (como persona jurídica) buscan traerse abajo la resolución que autorizó los allanamientos del 28 de agosto, con lo cual lo incautado —como las computadoras del exgobernador, que todavía no han podido ser revisadas— podría quedar invalidado en el proceso.
Garavito defendió la resolución emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción y remarcó que fue “dictada conforme a derecho”. Subrayó que la finalidad de los allanamientos no fue solo hacerse de la información contable (que, agregó, no ha sido entregada hasta ahora) sino también de “bienes delictivos y cosas relevantes para la investigación”.
“Ha dicho (el juez) que es útil para la investigación fiscal este allanamiento, por cuanto había una completa renuencia por parte del investigado y del partido político de entregar la información contable. Si una persona es investigada por el delito de lavado de activos y considera que ha cumplido con la ley, presenta la documentación que considera y que tiene. No necesita, como dijo el abogado, treinta contadores”, afirmó la fiscal.
El principal argumento esbozado ante la sala, tanto por la defensa de Cerrón como del partido, es que la Fiscalía requirió y realizó los allanamientos cuando todavía no se había vencido el plazo de 30 días hábiles establecidos por el Ministerio Público para entregar la documentación. Se señaló una supuesta vulneración al derecho de defensa e igualdad de armas.
Desde el Ministerio Público, se incidió en la renuencia de los investigados, al mencionar incluso que se realizó una visita a uno de los locales del partido; así como que no se debía “fabricar información a su favor, sino entregar la que tienen para que haya una investigación de lavado de activos en forma transparente, clara y correcta”.
“No vamos a estar expensas o a la paciencia del investigado a que se cumplan los 30 días para presentar una información contable”, señaló Garavito, al agregar que en la diligencia “no solamente se halló este tipo de documentación sino “CPU’s, currículums vitae, dinero en efectivo”, tanto en moneda nacional como extranjera.
“El Ministerio Público habla de renuencia en la entrega por dos datos: el primero, estamos cuatro de noviembre del año 2021 y no han presentado información contable-financiera (…). Segundo, la semana pasada, se ha realizado una diligencia de apertura de todos los documentos o todos los bienes que se encontró en el allanamiento, en los cuales no ha habido participación ni del investigado ni de su defensa”, destacó la fiscal.
“Ese es un indicio para la Fiscalía, un dato objetivo, que nos hace presumir que están realizando actos obstructivos a esta investigación”, aseveró.
Luego de escuchar los alegatos de ambas partes, la sala dejó al voto su decisión y dijo que la notificaría dentro del plazo de ley.
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