Abogados de Pedro Castillo pusieron trabas durante incautación de cámaras en Palacio

Fecha Actualización

17/09/2022 - 09:55

El equipo especial de la Fiscalía consiguió ayer la incautación de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno que permitirán confirmar si la investigada Yenifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, fue ocultada en el recinto el pasado 9 de agosto para evitar su detención. Sin embargo, según fuentes de Perú21, los abogados del mandatario, Benji Espinoza y Eduardo Pachas, pusieron trabas durante toda la diligencia.

De acuerdo a las mismas fuentes, la defensa del mandatario cuestionaba cada movimiento que disponía el fiscal Jorge García, a quien incluso le exigieron redactar él mismo el acta donde se registra la secuencia de hechos.

Por la noche, cuando los fiscales seguían recabando la información, Espinoza tuiteó que la resolución judicial que autorizó la intervención era “nula” porque no fue aprobada de forma unánime por la Sala de Apelaciones. Un argumento que desde el equipo especial han desestimado.

Este diario conoció que la “obstrucción” ejercida por ambos abogados ha quedado consignada en actas, sobre todo la actitud de Pachas, a quien las fuentes señalaron de “intratable”.

Espinoza, por su lado, dijo a este diario que “se han dado todas las facilidades” para la entrega de imágenes. Perú21 supo que, hasta el cierre de esta edición, se estaban entregando las imágenes de todas las puertas de acceso a Palacio.

La otra traba: el juez

Pero esta diligencia no habría sido posible si una sala no hubiera revertido la decisión inicial del juez Raúl Justiniano.

El pasado 14 de agosto, Justiniano rechazó el pedido fiscal para recabar los videos grabados de los días 8, 9 y 10 de agosto alegando que no era competente para resolver este asunto. Adujo que no gozaba con las atribuciones para emitir una resolución contra un alto funcionario como el presidente. No obstante, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia le enmendó la plana.

“Por más que los actos de investigación se deban realizar en edificaciones donde mora temporalmente o ejerce función el primer mandatario (Pedro Castillo), no puede inferirse sin mayor argumentación que este tenga la calidad de investigado en el presente proceso conforme el propio juez lo sostiene”, indica la resolución de la sala a la que accedió este diario. En esa línea, los jueces aclararon que lo que requieren los fiscales son las imágenes de los accesos a Palacio y la residencia presidencial, no de espacios privados.

Ya anteriormente , Justiniano se negó a ordenar la detención de Paredes bajo la misma excusa: no tenía competencia para autorizar su captura dentro de la Casa de Pizarro.

Se cierra el círculo

Ayer, Perú21 reveló que entre los aportantes de la campaña presidencial de Castillo figuran Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Alejandro Sánchez, el denominado “buró político” del mandatario que, según la tesis fiscal, buscó repartirse millonarias obras públicas del Ministerio de Vivienda.

Este diario conoció que la revelación de los abonos ha sido incluida en la investigación del equipo que lidera la fiscal Marita Barreto, ya que deja entrever que los tres personajes apoyaron la campaña a cambio de una retribución.

De otro lado, la ONPE aún no aclara si abrió proceso sancionador a Perú Libre, el partido de gobierno, luego de haber detectado hace cinco meses que la organización política vulneró la ley electoral al no sustentar adecuadamente el millón 800 mil soles que declaró en aportes.

Perú21 insistió con las consultas pero desde el organismo no hubo respuesta. Aunque por el lado del fiscal de Lavado de Activos, Richard Rojas, ha caído bien la información revelada, según se pudo conocer. La tesis del financiamiento ilícito se consolida.

Tenga en cuenta

-Yenifer Paredes cumple prisión preventiva por 30 meses mientras es investigada por su participación en la aparente repartición de obras públicas desde el Ministerio de Vivienda.

-A su ingreso a Palacio, el fiscal Jorge García advirtió a funcionarios de Presidencia que consignaría cualquier “demora injustificada” en el acceso a información como obstrucción a la justicia. García ha tomado el lugar del fiscal Hans Aguirre.

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