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Dircote identificó y ubicó a los sentenciados en los planteles

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La Dirección contra el Terrorismo detectó –en 2008 elaboró un informe que, según el congresista Octavio Salazar, continúa vigente– que 802 docentes y personal administrativo que figuraban en la base de datos del Ministerio de Educación habían sido excarcelados o registraban antecedentes por delitos de terrorismo, traición a la Patria y contra la tranquilidad pública.

En la lista figuraban personas de todas las regiones del país e, incluso, se consignaba el nombre del colegio en el que cada uno laboraba. Todos estaban plenamente identificados y ubicados.

Hace menos de dos años, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 019-2010-ED, que señala que los condenados por delitos de terrorismo "no podrán ingresar ni reingresar al servicio educativo aún cuando hayan sido declarados rehabilitados".

La norma también faculta a las autoridades educativas a sacar de las aulas a los docentes que hagan proselitismo político o que estén vinculados con delitos de terrorismo.

Salazar precisa que dicho decreto impide que los exterroristas ingresen a los colegios a partir de 2010, pero advierte que hay cientos de sentenciados que ingresaron antes de esa fecha y que continúan en funciones.

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