“Liderazgos sociales no funcionan”

Patrivia Kadena,Entrevista.21pkadena@peru21.com

Víctor Caballero señala que uno de los problemas de fondo en el tema de los conflictos es que los dirigentes de las organizaciones sociales no evitan que los infiltrados se apoderen de las protestas.

La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la violencia en los conflictos sociales, el cual señala que de 2006 a la fecha ha habido 201 muertos… En junio de 2011, nosotros presentamos un informe al PNUD en el que dábamos cuenta de la situación de violencia y de víctimas entre 2006 y 2011. Ese estudio fue entregado al señor Rolando Luque, de la Defensoría, quien se mostró interesado porque ellos no habían hecho uno similar. Posteriormente, ese informe fue presentado al gobierno del presidente Humala y…

¿Quién presentó ese informe al PNUD?El PNUD me pidió que hiciera ese análisis. Yo era consultor. Ese informe lo presenté al PNUD y, luego, fue entregado al equipo del nuevo gobierno del presidente Humala y fue asumido como un plan que debía ejecutarse. En ese entonces hablábamos de 191 víctimas, y ya como jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales (OGCS), señalábamos que debíamos trabajar para reducir este proceso.

¿Y qué hicieron para revertir esa situación?Trabajamos tres líneas de acción. Una, ante todo conflicto teníamos que persistir en el diálogo, y cualquier acto que pudiera generar una acción de violencia, atemperarlo o reducirlo. En segundo lugar, trabajamos la idea de que la Policía debía evitar caer en trampas o provocaciones y no hacer un uso excesivo de la fuerza. En tercer lugar, hacer un llamado a las dirigencias para que se comprometieran a no generar las acciones de violencia y no buscar enfrentamientos.

Si ustedes optan por el diálogo y hay 6 muertos en este gobierno, algo no está funcionando en esa estrategia.Lo que no está funcionando es un elemento fundamental: las organizaciones sociales y sus liderazgos no pueden cumplir el compromiso de impedir que infiltrados se apoderen de las acciones de protesta. Ese es el problema de fondo.

Todo hace prever que el informe sobre Conga no paralizará el proyecto y que las protestas se reavivarán. ¿Qué van a hacer?En el caso de Conga, los alcaldes de La Encañada y de Huasmín han solicitado diálogo con el Gobierno sobre las propuestas de desarrollo y de inversión que se deben ejecutar en sus respectivos distritos. Hemos convocado a una reunión para el 11 de abril, y esperamos que se logren establecer las bases de un diálogo para resolver las demandas de esos distritos. Si ese paso se da, creo que es importante que el Gobierno Regional de Cajamarca se incluya en este proceso porque es la mejor manera de resolver las discrepancias.

¿Saavedra participará?Eso lo decidirá la población de Cajamarca. Nosotros no podemos decidir, de buenas a primeras, quién ingresa y quién no.

Uds no lo van a convocar…Nosotros vamos a convocar a las autoridades, a los representantes de las rondas, de los centros poblados, y serán ellos quienes determinarán los participantes.

¿Es cierto que su oficina recién está en formación?La OGCS viene del gobierno anterior, no hay cambios. Sí hay una propuesta que se está trabajando para elevarla a la condición de Secretaría Nacional. Esto nos daría mayor fuerza y nos pondría en mejores condiciones para poder dialogar con oficinas desconcentradas, con los gobiernos regionales. Ese es un cambio que esperamos se cumpla en el menor tiempo posible.

¿Cuál es el rol específico de su oficina?Ahí hay que precisar algo. La OGCS es un ente coordinador de las entidades del Ejecutivo que tratan el tema de conflictos. El trabajo principal descansa en los sectores (ministerios) porque a ellos les compete resolver o cambiar las normas que están dentro de su sector. La labor que nosotros hacemos en este proceso es coordinar y dar las seguridades de que el diálogo tiene que plantearse con los sectores involucrados. No es que la PCM o la Oficina de Gestión resuelve los conflictos. Si eso se entiende, es un error.

SABÍA QUE

- Víctor Caballero señala que el informe de la Defensoría no lo sorprendió.

- Dice que hay desinformación cuando se afirma que el 58% de las mesas de diálogo se ha instalado después de actos de violencia.