Pese a blindaje del oficialismo suspendieron a 'otorongos’

ARGUMENTOS INSÓLITOS. Gana Perú no pudo evitar que suspendieran a los legisladores Walter Acha y Emiliano Apaza. La sanción al nacionalista Rubén Coa, por escándalo en Cusco, no prosperó.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/08/2019 - 05:27

Fue una sesión que marcará un hito negativo en la actual gestión parlamentaria. El Pleno del Congreso debatió ayer el pedido de la Comisión de Ética para suspender a siete legisladores que incurrieron en faltas al comportamiento y algunas bancadas, principalmente la oficialista, expusieron todo tipo de argumentos para blindar a estos legisladores.

Al cierre de esta edición se había aprobado la suspensión de 120 días de legislatura para los oficialistas Walter Acha y Emiliano Apaza. A Acha se le impuso la sanción por haber abusado sexualmente de su exjefa de prensa, Idelia Calderón, y plantearle que se haga un aborto. Mientras que a Apaza, por tener una condena judicial vigente por el delito de contrabando.

Hubo sesión reservada para el caso Acha, que fue planteada por el propio denunciado. Según se informó, el principal argumento de su defensa fue una resolución fiscal que archivó la denuncia.

El siguiente caso fue el del fujimorista Néstor Valqui, a quien se acusa de prácticas vinculadas al proxenetismo. Por la gravedad y porque el caso comprometía a su esposa, el parlamentario planteó tratarlo en sesión reservada, lo que fue aceptado.

Durante dicha sesión, el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, fue blanco de todo tipo de cuestionamientos, dirigidos principalmente desde Gana Perú.

A puertas cerradas, Valqui planteó como cuestión previa debatir la propuesta de la Comisión de Constitución que plantea recortarle funciones a Ética. El tema quedó en suspenso y fue retomado al borde de la medianoche.

Trascendió que suspenderlo era inevitable, pero el periodo de 120 días o menos estaba en discusión.

SALVADOLa maratónica jornada congresal se inició en la mañana con el debate del caso del congresista Rubén Coa, quien se salvó de una suspensión de treinta días gracias al férreo blindaje de Gana Perú, agrupación a la que paradójicamente renunció en junio pasado, denunciando "incumplimiento del programa de la gran transformación", pero a la que retornó dos meses después sin pena ni gloria.

Ayer, esta 'movida' política lo hizo beneficiario del salvavidas nacionalista que, con el apoyo de algunas agrupaciones aliadas, impidió que el legislador cusqueño fuera sancionado por el bochornoso incidente en un club nocturno, ocurrido en octubre de 2011, donde dos periodistas que lo filmaban fueron agredidos y despojados de su material de trabajo.

Pese a haber reconocido su falta públicamente y a las evidencias visuales de su inapropiada conducta, Coa negó su responsabilidad en los hechos, arguyó que su privacidad fue invadida por los hombres de prensa, y deslindó toda participación en la agresión. Asimismo, calificó la recomendación de Ética de "injusta y arbitraria".

La misma postura asumieron sus ocasionales defensores. Entre ellos Rubén Condori y Javier Diez Canseco quienes, paradójicamente, también tienen denuncias pendientes de revisión en el grupo que preside Humberto Lay. A estas voces se sumaron otras como la del vocero de Alianza Por el Gran Cambio, Enrique Wong, y la de Javier Bedoya, quien pidió el archivamiento. "No nos prestemos a 'magalizar' la política", espetó.

Con opiniones a favor y en contra, Coa logró dividir a bloques como el de APGC y el fujimorismo, cuyos miembros quedaron en libertad para votar "a conciencia". Al final cada uno se disparó por su lado.

TENGA EN CUENTA

- Con la renuncia a la mano. Por lo menos cuatro de los siete miembros de la Comisión de Ética tenían listas sus renuncias.

- Los miembros de Ética dimitirían si se aprobaba la opinión de la presidencia de la Comisión de Constitución para recortarles funciones.

- La propuesta de Constitución fue planteada, pero no ganó consenso. Se retiró hasta en dos oportunidades.

- La bancada oficialista insistió hasta el final en que la Comisión de Ética no debería ver casos anteriores al inicio de la función congresal.

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