El último recurso

El Gobierno ha decidido aplicar la mano dura para tratar de sofocar la violencia que ha desbordado las protestas sociales. Su deber es restablecer el orden y darles a los ciudadanos la seguridad que necesitan, y así lo ha hecho.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/08/2019 - 00:15

Enrique Castillo,Opina.21ecastillo@peru21.com

La violencia, el bloqueo de carreteras, la destrucción de la propiedad privada y estatal, o el uso de armas o explosivos durante una protesta social son inaceptables, y deben ser reprimidas con firmeza. Sin embargo, si las cosas no se hacen bien, antes y después, el riesgo es que el régimen se quede cada vez más solo y envuelto en una imagen de represivo y autoritario.

Ya se ha hablado hasta el cansancio sobre las impresionantes debilidades del Gobierno para prevenir los conflictos, a pesar de que estos se ven venir con semanas y hasta meses de anticipación.

Ninguno de los conflictos han sido intempestivos, todos han ido escalando poco a poco, a vista y paciencia del Ejecutivo.

Queda claro, además, que el Gobierno no tiene o no hace buen uso de información de inteligencia.

Son poquísimas las veces en las que se anticipa y logra desarticular acciones violentistas. Ni Seguridad del Estado, ni la Policía Nacional, y mucho menos las Fuerzas Armadas o la Fiscalía de Prevención del Delito, son capaces de actuar para evitar cualquier desborde.

Una vez estallado el conflicto, y luego de que este cobra algunas víctimas, el Gobierno recién actúa, y lo hace para reprimir la violencia. Sin embargo, una vez restablecido el orden se comienzan a ver algunas acciones que se empiezan a interpretar como excesos, que victimizan a quienes antes eran vistos como los violentistas, y que le pasan la factura al Gobierno.

La aplicación de la mano dura no puede convertirse en un estilo de Gobierno, debe ser un recurso, el último en ser utilizado.

El Gobierno tiene que aprender a prevenir y a sofocar los conflictos, mucho antes que estos lleguen a la violencia.

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